ATE anuncia jornada de protesta en oficinas del PAMI

Reclaman respuestas ante denuncias de corrupción y falta de prestaciones

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este miércoles una jornada nacional de protesta en todas las delegaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en el marco de las denuncias por presuntos hechos de corrupción en distintas oficinas del organismo en el país. La medida incluirá cese de tareas, asambleas y radios abiertas a partir de las 10 de la mañana.

El sindicato exige una audiencia inmediata con las autoridades del PAMI, encabezadas por Esteban Leguizamo, para obtener explicaciones ante lo que considera una grave situación institucional. Entre las irregularidades denunciadas se mencionan sobreprecios, cobros indebidos a personas afiliadas, desvíos de fondos hacia estructuras partidarias y falta de prestaciones médicas, pese a los ingresos mensuales que percibe la obra social.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional y trabajador del organismo, expresó que el sistema de salud para personas jubiladas atraviesa un momento crítico y que la situación afecta tanto a quienes reciben las prestaciones como al personal que cumple funciones en las oficinas del PAMI. En este sentido, también se reclama la apertura urgente de las negociaciones paritarias, tras más de siete meses sin actualizaciones salariales.

El sindicato remarcó que la protesta forma parte de un plan de acción para defender el funcionamiento del organismo y garantizar el acceso a los servicios de salud. Según ATE, la normalización del PAMI requiere revertir las prácticas denunciadas y garantizar una administración transparente, con participación de sus trabajadoras y trabajadores y el control efectivo de los recursos.

PAMI es la obra social más grande de América Latina, con más de cinco millones de personas afiliadas y uno de los presupuestos más elevados del país. La jornada de protesta busca visibilizar una serie de demandas vinculadas al deterioro en la atención, la falta de prestaciones y el congelamiento salarial, al tiempo que se exige el cese de toda práctica irregular que pueda comprometer el futuro del sistema.

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