El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, afirmó que el Gobierno provincial “tiene la pelota” para evitar un retroceso en los ingresos de las y los trabajadores estatales, en un escenario atravesado por bonos no remunerativos, ausencia de paritarias desde septiembre y el vencimiento de más de 2.500 contratos a fin de mes. En una entrevista con este medio, sostuvo que si no se define un incremento salarial para diciembre “se estaría materializando un recorte”, ya que el pago extraordinario que se abonó en los últimos meses “desaparece” y no se incorpora al haber mensual.

Vicente recordó que el sindicato advirtió meses atrás sobre el riesgo de un nuevo congelamiento salarial. “Si no había un incremento importante en los últimos tres meses del año, íbamos a estar nuevamente en un congelamiento. Lo dijimos antes de las elecciones”, señaló. Según explicó, el Gobierno optó por otorgar bonos por única vez “sin abrir las mesas paritarias de la función pública”, lo que dejó sin posibilidad de discutir alternativas.

En ese contexto, reclamó una convocatoria urgente: “Necesitamos una nueva paritaria para resolver qué pasa con los bonos. Si se incorporan al salario, si se transforman en porcentaje o si el Gobierno propone otra cosa”. Advirtió que, de no corregirse la situación, en diciembre los ingresos caerán de manera efectiva. “Los estatales tuvieron entre 50.000 y 100.000 pesos adicionales por única vez. Si eso no se incorpora, hay una baja real”, dijo.

El dirigente también describió el clima que perciben en los lugares de trabajo. “Hay mucho enojo. En las asambleas hay bronca, pero también miedo”, afirmó. Según expresó, las elecciones de medio término generaron malestar entre las bases: “Los estatales empezaron a ver campañas donde se entregaba más dinero por un voto que el bono que iban a recibir en el mes. No hablo de ningún partido en particular, pero fue la realidad en los barrios. Eso generó indignación”.

A ese malestar se suma la fragilidad contractual. Vicente sostuvo que el temor a perder el empleo condiciona la participación en medidas de fuerza. “Los trabajadores del Estado se sienten perseguidos y amenazados. Es muy injusto. Quienes sostienen las políticas públicas no pueden reclamar con tranquilidad cuando su familia depende del estado de humor de un funcionario político”, afirmó.

El referente sindical reiteró el pedido por la continuidad laboral de los más de 2.500 contratados en la administración provincial. Detalló que en el sector Salud “son alrededor de 1.400 estatales sin estabilidad”, mientras que en Educación calculó entre 600 y 700 trabajadoras y trabajadores, a lo que se suman modalidades como horas cátedra en distintos ministerios. “Quedan entre 300 y 400 personas en esa situación. La ministra Patricia Campos confirmó que pedirán los requisitos desde enero para avanzar en la regularización”, precisó.

Sobre la negociación salarial que podría abrirse en las próximas semanas, advirtió que el sindicato buscará discutir no solo diciembre, sino también el inicio de 2026. “Vamos a discutir lo que nos permitan, pero aspiramos a una recomposición real. Si no hay convocatoria, va a aumentar la conflictividad. No somos ajenos a lo que pasa en el país, pero los salarios no pueden quedar atados a una visión que no se modifica mes a mes”, sostuvo.

Para Vicente, el desafío del Gobierno es resolver cómo integrar los bonos sin generar un deterioro del ingreso. “Ahora se empieza a discutir sobre los haberes de agosto, porque los bonos que se pagaron después desaparecen. Esa es la encrucijada”, advirtió. Y concluyó: “Si no hay paritaria y no se garantiza la estabilidad laboral, el fin de año será crítico”.