Un hombre declarado culpable por estafar a dos personas mediante el uso de documentación falsa podría recibir una pena de cinco años de prisión. El pedido fue formulado en la audiencia de cesura del juicio, instancia en la que se debatió el monto de la pena luego del veredicto de culpabilidad dictado en octubre pasado.

La solicitud fue presentada por el Ministerio Público Fiscal, que sostuvo durante la audiencia que el acusado llevó adelante una maniobra de engaño para gestionar una supuesta cesión de derechos sobre un inmueble. Según la acusación, el hombre simuló vínculos con una escribana y utilizó sellos y firmas apócrifas para darle apariencia de legalidad a la documentación presentada.

El veredicto de culpabilidad había sido dictado el 16 de octubre, tras un juicio oral y público en el que se acreditó la falsedad de los documentos utilizados y la intervención directa del imputado en el engaño que derivó en la entrega de dinero por parte de las víctimas. En ese proceso, la acusación sostuvo que el acusado se valió de la confianza de una de las personas damnificadas para obtener un beneficio económico.

La audiencia de cesura se desarrolló luego de varias ausencias del imputado y sin la participación de testigos, por lo que el debate se concentró en los alegatos de las partes sobre la determinación de la pena correspondiente. En ese contexto, la Fiscalía argumentó que el daño ocasionado se vio agravado por distintas circunstancias vinculadas con la relación entre las personas involucradas.

Entre otros aspectos, la acusación planteó que la escasa comunicación existente entre dos de las víctimas —quienes habían mantenido una relación de pareja— habría facilitado el engaño. También señaló que el acusado habría aprovechado una situación de desigualdad relacionada con el nivel educativo de una de las personas afectadas, lo que habría influido en la confianza depositada en las gestiones propuestas.

Además, el Ministerio Público Fiscal indicó que el imputado se valió de un vínculo de confianza y obediencia, ya que una de las víctimas lo consideraba su referente religioso. Según se expuso en el debate, esa relación habría incidido en la credibilidad que tuvo la maniobra.

Durante el juicio también declaró la escribana cuya identidad fue utilizada en la documentación presentada. En su testimonio explicó que el uso de sellos y documentos falsificados puede afectar la confianza pública depositada en la función notarial y en los instrumentos que se utilizan en ese ámbito.

La Fiscalía también mencionó antecedentes previos vinculados con delitos de estafa y falsificación de documentos, en los que se describieron modalidades de engaño similares. En función de esos elementos solicitó al tribunal la imposición de una pena de cinco años de prisión por el delito de estafa mediante el uso de documento falso.

Por su parte, la Defensa Pública cuestionó la existencia de un perjuicio económico y relativizó el interés de las víctimas en el proceso. En su planteo sostuvo que el documento presentado por el acusado era un instrumento privado que podría ser confeccionado por cualquier persona y que para una cesión de derechos no resulta imprescindible la intervención de una escribana.

En esa línea, la defensa argumentó que el documento no habría ingresado al tráfico jurídico, por lo que —según su postura— no se configuraría un daño patrimonial. También planteó circunstancias atenuantes y cuestionó que durante el juicio se haya acreditado una situación de superioridad intelectual o un vínculo de predominio sobre la víctima.

Respecto de los antecedentes mencionados por la Fiscalía, la defensa señaló que en esos hechos el acusado habría actuado bajo las órdenes de una persona que consideraba su superior.

Tras la audiencia, el tribunal resolvió prorrogar por seis meses la prohibición de salida del país para el imputado y dio inicio al período de deliberación. La sentencia con la determinación de la pena se conocerá durante la próxima semana.