El exintendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, aseguró que la causa Techo Digno fue una maniobra de persecución política destinada a desacreditar a dirigentes opositores y sostuvo que su absolución confirma que las acusaciones carecían de sustento. Tras conocerse el fallo que lo desvinculó de toda responsabilidad penal, cuestionó con dureza el accionar de la Justicia y de sectores políticos que, según afirmó, utilizaron el expediente para condicionar su participación pública durante una década.

“Diez años resumidos en diez minutos”, describió al recordar la lectura de la sentencia. Relató que el cierre del proceso estuvo marcado por una mezcla de alivio, incredulidad y el recuerdo de años de tensión. “Nos sacamos una mochila de encima”, expresó al referirse a una causa que, dijo, nunca debió haber llegado a juicio.

Tamburrini sostuvo que el expediente fue impulsado con una finalidad política y aseguró que los acusados fueron sometidos a un permanente “escarnio público”. En ese sentido, apuntó contra el tratamiento mediático que recibió el caso y afirmó que las coberturas se concentraron en las instancias acusatorias, mientras que las pruebas favorables a las defensas quedaron prácticamente invisibilizadas.

“El daño que han producido fue tremendo. Nosotros vivimos de la opinión pública y nadie se hace cargo de estas situaciones”, señaló. También cuestionó a la Fiscalía por sostener durante diez años una acusación basada, según su interpretación, en informes erróneos. “No analizaron que todo el basamento del juicio era falso. Diez años nos tuvieron a nosotros por eso”, afirmó.

El exjefe comunal vinculó además la causa con un contexto más amplio de judicialización de dirigentes políticos. Recordó que expedientes similares avanzaron contra otros exintendentes de Río Negro y coincidió con recientes declaraciones de Arabela Carreras sobre la existencia de represalias contra sectores disidentes. “¿Con qué autoridad moral sale uno a cuestionar un gobierno si está sospechado de corrupción? Claro que esto afecta y termina condicionando”, sostuvo.

Una década marcada por el impacto familiar

Más allá de las consecuencias políticas, Tamburrini describió el fuerte impacto personal y familiar que tuvo el proceso judicial. Relató que sus hijos crecieron atravesados por la causa y que debieron convivir durante años con comentarios, preguntas y estigmatizaciones vinculadas a la acusación.

“Mi hijo tenía 14 años cuando empezó todo esto y mi hija tenía ocho. Se criaron con este tema permanentemente presente”, recordó. Incluso relató que en un momento debió cambiar a uno de sus hijos de turno escolar debido a las situaciones que se generaban en el ámbito educativo.

Aunque aseguró que nunca sufrió agresiones directas de vecinos de Sierra Grande, reconoció que la causa permaneció durante años como una carga constante. “Uno lo tiene clavado ahí permanentemente”, describió, al tiempo que admitió que la incertidumbre judicial influyó en sus decisiones políticas y personales.

Consultado sobre una eventual vuelta a la actividad partidaria, evitó definiciones. Señaló que aún se encuentra procesando lo ocurrido y que recién ahora comenzará a evaluar nuevos proyectos, tanto en el ámbito privado como en el político.

La explicación de la causa Techo Digno

Respecto del expediente, Tamburrini explicó que la acusación se centraba en una supuesta diferencia entre el avance financiero de una obra de viviendas y el avance físico de los trabajos ejecutados. Según la Fiscalía, el municipio había certificado obras por un porcentaje superior al efectivamente realizado.

Sin embargo, el exintendente sostuvo que durante el juicio se demostró que el programa contemplaba dos contratos complementarios: uno correspondiente a la construcción de las viviendas y otro destinado a infraestructura y nexos de servicios. Según explicó, la acusación habría considerado únicamente el primer convenio, omitiendo el segundo, lo que generó una interpretación distorsionada de los números.

Tamburrini afirmó que el sistema de contratación utilizado era el de “ajuste alzado”, una modalidad que permite compensaciones entre certificaciones parciales y que exige la correspondencia definitiva entre pagos y obra ejecutada al momento de la finalización del proyecto. En ese marco, aseguró que la incorporación del segundo contrato equilibraba los porcentajes observados por la Fiscalía.

A partir de esa interpretación, sostuvo que la causa carecía de fundamentos y que la absolución confirma lo que, según dijo, los acusados sostuvieron desde el inicio. “Confío en que el resto de los intendentes que aún tienen procesos abiertos también serán absueltos. Esto fue una paparruchada desde el primer momento”, concluyó.