Una mujer mayor fue objeto de una intervención judicial destinada a establecer en qué condiciones fue internada en un geriátrico de Viedma, luego de que familiares manifestaran dudas sobre si la decisión había sido adoptada con su consentimiento y advirtieran que no podían comunicarse con ella.

El Ministerio Público de la Defensa inició un procedimiento en el marco del proceso de guarda de personas mayores tras la presentación realizada por cuatro sobrinos de la mujer. Los familiares viajaron desde Bahía Blanca luego de conocer que existía una denuncia por presuntos hechos de violencia contra una nuera de la mujer y que, posteriormente, había sido trasladada a un establecimiento geriátrico.

Antes de la internación, la propia mujer había denunciado presuntos hechos de violencia y la Unidad Procesal de Familia dispuso medidas de protección para resguardar su integridad. Tiempo después, cuando sus sobrinos intentaron visitarla en Viedma, no lograron ubicarla ni mantener contacto con ella, situación que motivó la presentación ante la Defensa Pública.

En ese contexto, la defensora civil solicitó medidas urgentes para localizar a la mujer, constatar personalmente su estado de salud, las condiciones de alojamiento y verificar si mantenía vínculo con su entorno familiar. También requirió determinar si la institucionalización había sido una decisión libre y voluntaria o si se concretó sin su conformidad.

Como parte de las primeras actuaciones, el equipo técnico de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro mantuvo contactos con el hijo y la nuera de la mujer. De acuerdo con la información aportada por el organismo, esas gestiones permitieron concretar una entrevista directa con la persona mayor para conocer su situación.

La intervención se desarrolló mediante las herramientas previstas en el Código Procesal de Familia de Río Negro para la protección urgente de personas en situación de vulnerabilidad. Desde la Defensa Pública señalaron que el objetivo fue garantizar el respeto de los derechos, la autonomía y la voluntad de la mujer, además de verificar que las condiciones de su institucionalización y permanencia en el geriátrico resultaran compatibles con las garantías previstas para las personas mayores.