La muerte de 19 animales de granja tras el ingreso de dos perros a un establecimiento rural de Sierra Grande derivó en una denuncia contravencional que concluyó con un acuerdo para reparar económicamente los daños y con la imposición de medidas preventivas para evitar nuevos conflictos entre las partes.

Según surge de la resolución del Juzgado de Paz de Sierra Grande, el propietario del campo denunció que los canes ingresaron a su predio y mataron 9 gallinas, 2 gallos y 8 conejos. Además, sostuvo que los animales pertenecían a un vecino y aseguró que no era la primera vez que ocurría una situación de estas características. Como respaldo de su presentación, aportó fotografías de los daños ocasionados.

Durante la audiencia de conciliación, el denunciante ratificó su versión de los hechos y señaló que los perros permanecían dentro de su propiedad cuando ocurrió el ataque. También indicó que una representante del área municipal de Zoonosis se presentó en el lugar y constató la situación. Según expuso, el propietario de los animales no concurrió a retirarlos, por lo que esa tarea quedó en manos de otra persona.

Por su parte, el dueño de uno de los perros manifestó ante el juzgado su voluntad de resarcir el perjuicio económico, comprometiéndose a abonar el valor de los animales muertos durante el ataque. Asimismo, informó que se pondría en contacto con el propietario del segundo perro involucrado para que asumiera la parte de la reparación que le correspondiera.

Al fundamentar la resolución, la Jueza de Paz señaló que la suspensión del proceso contravencional a prueba tiene un carácter preventivo, restaurativo y orientado a la resolución de conflictos, con el objetivo de evitar nuevos episodios de este tipo y promover la convivencia entre las partes involucradas.

Finalmente, el juzgado homologó el acuerdo de reparación, mediante el cual la persona denunciada asumió el compromiso de compensar al productor rural con la compra de los animales afectados. Además, dispuso medidas de resguardo y de no hostigamiento entre las partes por el plazo de seis meses, con el propósito de prevenir nuevos enfrentamientos.