Una deuda alimentaria superior a los siete millones de pesos derivó en una serie de medidas judiciales que incluyen la prohibición de salir del país, la imposibilidad de conducir vehículos y el seguimiento de cuentas digitales para detectar fondos disponibles.

La resolución fue dictada por una Unidad Procesal de Familia de Bariloche, que dispuso estas acciones en el marco de un expediente por incumplimiento de las obligaciones parentales. Según se detalló, el objetivo es garantizar el cumplimiento del pago de alimentos en favor de los hijos del demandado.

Entre las decisiones adoptadas, se ordenó la prohibición de egreso del territorio nacional y la retención de la licencia de conducir, medidas que ya fueron comunicadas a los organismos correspondientes para su efectiva implementación. Además, se bloqueó la posibilidad de renovar el registro hasta tanto se regularice la situación.

El fallo también avanzó sobre el uso de herramientas financieras digitales, al disponer el envío de oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X para identificar posibles cuentas a nombre del demandado y verificar la existencia de fondos embargables. Esta línea de acción apunta a ampliar los mecanismos de detección de activos en un contexto donde el manejo de dinero se diversifica.

En paralelo, la jueza interviniente advirtió a la empresa empleadora del hombre por no haber respondido a requerimientos previos vinculados a la retención de haberes. Frente a esta situación, se reiteró el pedido de información, se fijó un plazo de cinco días para su cumplimiento y se estableció una multa diaria en caso de incumplimiento.

El expediente también incorporó un pedido de informes al Registro Público de Juicios Universales, con el objetivo de determinar si el demandado participa o participó en procesos sucesorios. En caso de confirmarse, se habilitaría la posibilidad de avanzar sobre derechos hereditarios como parte de la ejecución de la deuda.

La causa se originó a partir de una sentencia monitoria que reconoció el crédito alimentario acumulado, luego de un período prolongado sin cumplimiento de los pagos. En ese contexto, la parte demandante solicitó la adopción de medidas que permitieran efectivizar el cobro.

Las acciones dispuestas se inscriben dentro de las facultades que tiene el fuero de familia para intervenir en casos de ejecución de alimentos, incorporando herramientas que buscan asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes involucrados.