Un joven de 19 años imputado en una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation), mecanismo que le permitirá evitar la realización del juicio oral siempre que cumpla una serie de condiciones impuestas por la Justicia durante el plazo de un año.

La medida fue solicitada por la Defensa Pública y contó con la conformidad de la Fiscalía, que consideró reunidos los requisitos legales para su aplicación. La causa se inició a partir de un reporte emitido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo que detectó cuentas de correo electrónico y líneas telefónicas vinculadas con la circulación de contenido de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la investigación, a través de distintas medidas judiciales se estableció la relación de esos medios con el joven. Según expuso el fiscal adjunto Rubén Negro, el imputado recibió mediante WhatsApp material de abuso sexual infantil compuesto por cuatro fotografías y un video, que descargó y almacenó en su dispositivo móvil.

La pesquisa avanzó con informes de empresas de telefonía, allanamientos, pericias informáticas y análisis forenses sobre los dispositivos secuestrados. Como resultado de esas tareas, una pericia determinó que las cuatro imágenes halladas contenían representaciones de niñas menores de 13 años. Las víctimas no pudieron ser identificadas debido a que el material provenía de la denominada deep web.

Con esos elementos, la conducta fue encuadrada como tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por la edad de las víctimas, en carácter de autor, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 128 del Código Penal.

Al fundamentar el pedido de probation, la defensora oficial Graciela Carriqueo sostuvo que el joven no posee antecedentes penales y que, en caso de una eventual condena, ésta sería de cumplimiento condicional. También indicó que, tras conocerse la investigación, inició de manera voluntaria un tratamiento psicológico y un seguimiento psiquiátrico, procesos respecto de los cuales recibió el alta profesional.

Entre las pautas de conducta fijadas por la Justicia, el imputado deberá realizar una donación económica al Hospital Artémides Zatti de Viedma, asistir semanalmente a un programa de justicia restaurativa vinculado a la formación en masculinidades que funciona en el ámbito de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y acreditar el recorrido efectuado en materia de salud mental.

Además, deberá mantener actualizado su domicilio, someterse al control del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) de Neuquén, ciudad donde actualmente cursa estudios universitarios, y presentar mensualmente la documentación que acredite tanto el cumplimiento de la donación comprometida como su asistencia al programa acordado.

Durante la audiencia, el joven expresó ante la jueza de garantías su compromiso de cumplir con todas las condiciones impuestas. Finalmente, la magistrada resolvió conceder la suspensión de juicio a prueba y explicó que, una vez transcurrido el plazo de un año y verificado el cumplimiento integral de las reglas establecidas, podrá solicitarse el sobreseimiento de la causa.