La Justicia resolvió extender por 30 días la prisión preventiva de un hombre acusado de ejercer violencia contra una adolescente con la que mantenía una relación marcada por una fuerte asimetría de poder. La medida fue adoptada durante una audiencia realizada de manera virtual, en la que además se ratificaron los delitos que se le atribuyen.

El imputado permanece detenido desde el pasado 19 de mayo, cuando fue acusado de interceptar a la joven y a un amigo de ella en la vía pública, en un episodio que derivó en la formulación de cargos realizada al día siguiente. Desde entonces, la investigación avanzó con nuevas pericias que permitieron a la Fiscalía precisar la descripción de los hechos.

Durante la audiencia, la fiscal Paula de Luque explicó que los resultados obtenidos hasta el momento permitieron sostener la imputación por coacción agravada por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad agravada en grado de tentativa.

Según la acusación, durante la madrugada del 19 de mayo el hombre interceptó con un vehículo a la adolescente y a la persona que la acompañaba mientras caminaban por calle Tucumán. En ese contexto, le habría exigido a la joven que subiera al automóvil y ordenado a su acompañante que abandonara el lugar. Ante la negativa, descendió del vehículo y exhibió un arma de aire comprimido, apuntándola hacia el cuerpo del otro joven.

La Fiscalía aclaró que las pericias determinaron que el elemento utilizado no era un arma de fuego, aunque consideró que esa circunstancia no modifica la calificación legal que pesa sobre el acusado.

Al fundamentar la necesidad de mantener la prisión preventiva, de Luque sostuvo que la investigación permitió reconstruir una relación atravesada por situaciones de control, manipulación y violencia, en la que existía además una diferencia de edad significativa entre el imputado y la víctima.

La representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que el avance de la causa incrementa la posibilidad de que el expediente llegue a juicio oral y derive en una eventual declaración de responsabilidad penal, por lo que consideró necesario preservar la integridad de los testimonios y garantizar la protección de las víctimas.

También señaló que el temor expresado por las personas involucradas encuentra sustento en distintas circunstancias incorporadas a la investigación. Entre ellas mencionó que durante un allanamiento realizado en el marco de la causa el acusado fue hallado con una importante cantidad de sustancias, situación que motivó la apertura de una investigación en la justicia federal.

Además, la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) intervino en el caso y elaboró informes en los que describió diversas situaciones de vulnerabilidad y un contexto de violencia de género caracterizado por dinámicas de control, desvalorización y naturalización de conductas violentas hacia la joven.

La defensa no objetó la reformulación de los hechos presentada por la Fiscalía, aunque solicitó reemplazar la prisión preventiva por una modalidad de detención domiciliaria. Sin embargo, el juez interviniente rechazó ese planteo, admitió la nueva redacción de la acusación y resolvió mantener la medida cautelar de privación de la libertad por el plazo de un mes más.