La decisión de quitar las licencias gremiales a dos dirigentes de ASSPUR y abrir un sumario administrativo contra una de ellas empezó a sumar rechazos por fuera del sindicato de salud. En las últimas horas, tanto la agrupación peronista 17 de Noviembre como el gremio docente UNTER expresaron públicamente su respaldo a la conducción de ASSPUR y cuestionaron al Gobierno provincial por lo que definieron como un avance sobre la actividad sindical.

El pronunciamiento se conoció dos días después de que ASSPUR denunciara que la Provincia dejó sin efecto las licencias gremiales de Cesira Mullally y Marisa Albano, secretaria general y secretaria gremial del sindicato. Además, la organización informó que Albano fue alcanzada por un sumario, situación que motivó una convocatoria a permanecer en estado de alerta y asamblea permanente.

Desde la agrupación peronista 17 de Noviembre señalaron que lo ocurrido representa una “violación de derechos constitucionales” y sostuvieron que la medida excede una decisión administrativa. En un comunicado firmado por Raúl Martínez, la organización expresó su solidaridad con ASSPUR y con las dos dirigentes alcanzadas por la resolución.

La agrupación consideró que la quita de licencias y el sumario “representan una clara intencionalidad de silenciar legítimos reclamos de los trabajadores y trabajadoras de la salud”. También reclamó que el Ejecutivo provincial retrotraiga la decisión y deje sin efecto la medida adoptada.

Por su parte, el Consejo Directivo Central de UNTER sostuvo que no se trata de “un hecho aislado ni administrativo”, sino de un caso de “persecución sindical”. El sindicato docente advirtió que la medida “busca disciplinar la organización y silenciar la voz de quienes luchan”, y la vinculó con un avance sobre derechos conquistados colectivamente.

UNTER reclamó el cierre inmediato del sumario contra Marisa Albano y la restitución de las licencias gremiales tanto para Albano como para Cesira Mullally. Además, expresó que defender a quienes representan a sus compañeras y compañeros implica defender el derecho de toda la organización sindical a funcionar.

El conflicto se instaló así más allá del ámbito de la salud y empezó a sumar apoyos de otros sectores gremiales y políticos. Tanto UNTER como la agrupación 17 de Noviembre coincidieron en que la discusión no involucra sólo a las dos dirigentes de ASSPUR, sino a las garantías de libertad sindical y representación de las y los trabajadores.

Hasta este sábado, el Gobierno de Río Negro no había emitido una respuesta pública sobre los cuestionamientos ni sobre el pedido de restitución de las licencias gremiales.