La madre del oficial de la Policía de Río Negro, Gabriel Emanuel Mandagaray, fallecido en abril de 2021 durante una capacitación del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), presentó una denuncia ante la Legislatura provincial para solicitar el juicio político de cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El planteo fue ingresado formalmente y remitido a la Comisión de Juicio Político para su análisis.

En la presentación, Elsa Adriana Fabi sostuvo que los magistrados incurrieron en “mal desempeño” y “abuso de autoridad” en el tratamiento de la causa penal que investigó la muerte de su hijo. Recordó que la investigación y el juicio oral culminaron en condenas durante 2023, confirmadas luego en revisión, pero señaló que “a partir de la llegada del expediente al Superior Tribunal de Justicia, vino el calvario”, al denunciar que el máximo tribunal provincial anuló resoluciones previas y devolvió reiteradamente el expediente. Según manifestó, esas decisiones “han llevado a que la causa de mi hijo ingrese en impunidad”.

Fabi afirmó que las pruebas presentadas durante el proceso acreditaron una “muerte en custodia”, ya que su hijo participó de la capacitación por orden institucional y no de forma voluntaria. Además, expresó que la familia “se siente provocada e insultada” por el tratamiento que recibió la causa y consideró que los jueces cuestionados “no están a la altura de las circunstancias”. En ese sentido, solicitó que se garantice “la transparencia y el cumplimiento de la ley”, y que se adopten, de corresponder, las medidas disciplinarias establecidas por la normativa vigente.

La denuncia fue presentada ante el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, quien dio curso administrativo a la solicitud conforme lo establece la Constitución provincial y el reglamento legislativo. El análisis del caso quedó ahora en manos de la Comisión de Juicio Político, integrada por los legisladores Ariel Bernatene (UCR), Facundo López, Silvia Morales y Lucas Pica (JSRN), y Gabriela Picotti (Pro Unión Republicana).

De acuerdo con lo establecido por la Constitución de Río Negro, la Comisión dispone de un plazo de 40 días para emitir un dictamen y definir si corresponde elevar la acusación a la Sala Acusadora. Esta última instancia deberá resolver si se inicia o no el proceso de juicio político contra los jueces señalados.