Cuatro farmacéuticos condenados por estafas reiteradas al Ipross

Los imputados fueron declarados penalmente responsables del delito de estafas reiteradas

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Cuatro personas, entre ellas tres farmacéuticos y una ex auditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, fueron condenadas este mediodía en General Roca por fraude a la obra social Ipross.


Los imputados, Fabio Adrián Caffaratti, Raúl Eduardo Mascaró, Rodolfo Eduardo Mastandrea y Sandra Fasano, fueron declarados penalmente responsables del delito de "estafas reiteradas agravadas por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública". El veredicto fue unánime y estuvo a cargo del Tribunal de Juicio integrado por Laura Pérez, Oscar Gatti y Luciano Garrido.


Durante la audiencia, se expusieron oralmente los fundamentos centrales del veredicto. La próxima instancia será el juicio de cesura, en el cual se determinará el monto de la pena que corresponderá a cada uno de los condenados, en función de los hechos acreditados.


Cabe destacar que por los mismos delitos y ante otro Tribunal, en 2022, fueron condenadas dos farmacéuticas en el marco de un juicio abreviado en el que aceptaron la culpabilidad y una pena de tres años de prisión condicional.


Al finalizar la exposición del veredicto, el equipo del Ministerio Público Fiscal y el abogado querellante que representa al Estado Provincial como víctima solicitaron que se mantengan todas las medidas cautelares que pesan sobre los cuatro condenados.


El Tribunal admitió el planteo por unanimidad, determinando que los imputados deberán presentarse lunes por medio ante la fiscalía para acreditar que permanecen a disposición de la justicia, que ninguno podrá salir del país y que se mantendrán legalmente inhibidos para disponer de sus bienes. Además, se mantuvo bajo embargo el dinero de la última partida que Ipross depositó a los farmacéuticos en el marco de la estafa, pero que éstos no alcanzaron a cobrar debido al bloqueo impuesto por la investigación judicial.


Con esta condena, se busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y el fraude en perjuicio de las administraciones públicas y, en particular, de las obras sociales que brindan servicios de salud a miles de personas.

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