La investigación por las presuntas estafas contra el Ipross vinculadas al establecimiento de salud mental Valle Sereno–San Cirano S.A., de General Roca, sumó este lunes una quinta persona imputada. Se trata de una acompañante terapéutica, acusada de haber participado en una maniobra mediante la cual se habrían facturado prestaciones que nunca fueron brindadas a pacientes afiliados a la obra social provincial.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la imputada habría intervenido en 21 hechos ocurridos entre noviembre de 2021 y julio de 2023, junto a un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en Psicología y las personas que dirigían el establecimiento. La fiscal adjunta Gimena Ducca explicó que la maniobra habría contado con la participación de quienes integraban el equipo profesional y de las autoridades de la institución.

Según la acusación, los profesionales habrían falsificado historias clínicas, planillas de asistencia e incorporado de manera ficticia pacientes ambulatorios a la modalidad de Hospital de Día, lo que permitió facturar al Ipross prestaciones que, de acuerdo con la investigación, no fueron efectivamente realizadas. Además, la fiscalía indicó que esos módulos tenían un valor superior al de otras prestaciones por tratarse de un servicio diferenciado.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que la documentación confeccionada por los profesionales era remitida a la administración de San Cirano S.A., donde se elaboraban las facturas mensuales que luego eran firmadas por la presidencia del establecimiento y enviadas al área de Rendiciones Médicas y Sanatoriales del Ipross. A partir de ese circuito administrativo, la obra social provincial generaba los expedientes y autorizaba los pagos correspondientes.

La investigación también señala que la operatoria habría sido posible en el marco del convenio firmado entre el Ipross y Valle Sereno, mediante el cual el establecimiento se comprometía a brindar distintos módulos de atención en salud mental, entre ellos internación, internación especial, Hospital de Día y reinserción socioproductiva, asumiendo la responsabilidad sobre la prestación de esos servicios.

La acompañante terapéutica fue imputada como partícipe necesaria del delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública.

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía figuran la denuncia penal realizada por el Ipross en mayo de 2024, expedientes administrativos, documentación sobre facturación y convenios, un informe técnico-contable elaborado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, órdenes de pago emitidas por la obra social, informes de la ARCA y de la OITel, además de documentación del Ministerio de Salud de Río Negro y entrevistas realizadas durante la investigación.

La defensa de la imputada, a cargo del defensor penal público Juan Pablo Chirinos, no formuló objeciones a la acusación, aunque informó que solicitó la realización de una pericia caligráfica.

Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.