Tres personas fueron imputadas por presuntamente utilizar recibos de sueldo falsificados del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro para gestionar préstamos ante una entidad financiera. La causa comprende tres hechos ocurridos durante abril de 2025, dos de ellos vinculados a una pareja, y continuará en etapa de investigación durante los próximos cuatro meses.

La acusación fue formulada por el fiscal Francisco Marano en una audiencia realizada ante un juez de Garantías. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los hechos guardan relación entre sí y fueron calificados, de acuerdo con cada caso y el grado de participación de las personas imputadas, como uso de documento público falso y estafa.

De acuerdo con la imputación, uno de los acusados habría presentado el 11 de abril de 2025 un recibo de sueldo apócrifo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para solicitar un préstamo en una entidad financiera. La maniobra le habría permitido obtener 2 millones de pesos, que fueron depositados en una cuenta virtual a su nombre.

Un segundo episodio involucra a la pareja de ese hombre. Según la Fiscalía, el 30 de abril recibió en su cuenta bancaria otros 2 millones de pesos, correspondientes a un crédito que habría sido gestionado por su marido mediante la utilización de la misma documentación falsa. Por ese hecho, al hombre se le atribuyó la autoría de la primera maniobra y la coautoría de la segunda, mientras que la mujer fue imputada por compartir esa presunta participación.

El tercer imputado también habría intentado obtener un préstamo ante la misma entidad financiera utilizando el mismo recibo de sueldo apócrifo. Sin embargo, la maniobra fue detectada antes de concretarse y derivó en una denuncia presentada por funcionarios del Ministerio provincial, por lo que en este caso la acusación corresponde a los mismos delitos, pero en grado de tentativa.

Para sustentar la formulación de cargos, la Fiscalía indicó que cuenta con la denuncia presentada por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, informes del Cuerpo de Investigación Judicial, actas de allanamiento y secuestro de teléfonos celulares, pericias del Gabinete de Criminalística y extracciones forenses realizadas por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL), además de información aportada por entidades bancarias y plataformas digitales.

La investigación también incorpora declaraciones de representantes de la firma comercial vinculada con la operatoria de los préstamos, de la persona que intervino en la gestión administrativa de las solicitudes, de otro testigo y la documentación entregada por la entidad financiera sobre los trámites realizados.

Durante la audiencia, la defensa de las personas imputadas informó que trabaja en una salida alternativa para el conflicto y no planteó objeciones a la formulación de cargos. Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formalizada la acusación y dispuso la continuidad de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.