El acuerdo salarial del gobierno rionegrino con el gremio ATE Y con los docentes no logró apaciguar las aguas con UPCN, que esta semana intensificó su plan de lucha con la instalación de una carpa frente a la Casa de Gobierno.

La administración de Arabela Carreras no tiene interlocutores con el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi, que desempolvó después de un par de décadas los métodos de protesta que otrora le sirvieron como sindicato. No tener interlocutor alguno es grave, pues se convierte en un ejercicio de buscar la punta del ovillo a la madeja pero sin poder tocar la punta. Paradójico y problemático, porque las negociaciones están estancadas y además se ha minimizado el poder de acción de UPCN: hasta los últimos meses del 2020 pocos en el oficialismo apostaban a que Scalesi fuese capaz de organizar una marcha; después esa vara se corrió y llegamos hasta el paro de la semana pasada, cuando después de relativizarlo el Gobierno entendió que no habría otras protestas y ya mañana se cumple una semana de la instalación de la carpa de protesta que tiene cercado y vallado con una decena de policías el acceso principal de la Casa de Gobierno.

Además el vínculo con el resto de los gremios, salvo ATE, está candente. El nuevo sindicato de los hospitalarios, ASSPUR, arrancó sus acciones esta semana que pasó asegurando que la gobernadora se fue por otra puerta tras haberle prometido a una representación que los atendería para escuchar sus demandas. Los ex hospitalarios autoconvocados tienen ahora una vía sindical por donde encarar sus reclamos, independientemente de sus propias internas que su creación como organización sindical dejó recientemente.

Por otra parte, hay acuerdo entre los gobiernos provincial y nacional para no frenar la economía frente a lo que parece ser la imparable segunda oleada del coronavirus en sus diferentes cepas. Hace unos días la gobernadora, Arabela Carreras dijo que con Nación se acordó el cierre de las fronteras para no tener que cerrar la actividad económica, algo que constituiría una situación muy compleja debido a que la primera restricción por el aislamiento obligatorio dejó una economía debilitada.

La cuestión de las PASO también forma parte de la agenda de los diferentes partidos y cada uno de los sectores observa y actúa según su mirada. Esta semana la justicia electoral nacional definió que el 8 de agosto debería haber elecciones primarias para definir las candidaturas de los comicios legislativos del 24 de octubre.

Juntos Somos Río Negro plantea desde el año pasado que la realización  de las PASO significa “un gasto innecesario en este contexto de pandemia”. Desde Juntos por el Cambio, en tanto, quieren que haya elecciones primarias porque definen las alianzas que encabezarán las candidaturas. El macrismo y el radicalismo tienen allí una disputa que se ha profundizado en el tiempo al punto que es probable que en algunos lugares la UCR irá separado del resto de la alianza Juntos por el Cambio. Y el Frente de Todos también defendió el sistema de elección primaria, pero hizo la salvedad que el contexto podría obligar a una suspensión por motivos de seguridad sanitaria frente a la posibilidad de contagios de coronavirus.

En otro orden, desde mañana se abre una nueva variante para la política rionegrina. Martín Soria renunció el sábado último a su banca como diputado nacional y mañana asumirá como ministro de Justicia de la Nación.

Como ya se ha dicho en estas columnas la llegada del roquense a las esferas más altas del gobierno nacional lo colocan nuevamente en la escena protagónica de la política provincial. Para que eso ocurra depende de dos factores: del propio Martín Soria y de cómo actuará el justicialismo provincial respecto del rumbo que se le quiera dar hacia las candidaturas de 2023.