Cuando el Gobierno de Mauricio Macri intervino en el conflicto de la Cordillera las fuerzas federales, más precisamente los albatros de la Prefectura dieron muerte al joven Rafael Nahuel. En lo que parece ser un recrudecimiento del conflicto con los mapuches el Gobierno de Alberto Fernández se excusa diciendo que no es función de su administración “brindar más seguridad en la región”. O sea, la comunidad de Bariloche y El Bolsón no quieren otro muerto, pero tampoco un vacío como el que aplica el Presidente.

El ataque al club de actividades de montaña Piltriquitrón, entidad señera de El Bolsón, confirma que quienes ejecutan estos hechos no actúan improvisadamente ni es que pasaban por el frente del club y se les ocurrió tirar una molotov. Hay una organización orquestada y manifiesta que comete este tipo de delitos y los reivindica como parte de una lucha ancestral y propia de la comunidad mapuche.

No solo tienen la capacidad para perpetrar el incendio prácticamente total de un edificio, como el club Piltriquitrón –que está en centro de Bolsón- sino que además ejercen la intimidación  en su forma más mafiosa al dejar dos bidones llenos de combustible a metros del lugar incendiado y también el hallazgo de una nota con letras recortadas con intimidaciones a la mandataria y al intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano.

En nuestro país, donde todo se discute y se pone en tela de juicio, lo que no debería discutirse sino defenderse es la institucionalidad. Una amenaza a un representante provincial elegido por voto del pueblo es grave y no admite miradas que contengan sesgos divisorios, centralistas ni político-partidarias.

Hay una coincidencia, no obstante, del gobierno provincial y del gobierno nacional de identificar a los autores como de pertenencia al pueblo mapuche. El error de ello es pensar, por un lado, que todo integrante de la comunidad es una amenaza andante y, por el otro, que por pretender defender al históricamente relegado pueblo mapuche se deje de lado cualquier acción que signifique defender a la vida democrática del país. Imaginemos por un momento si en España a algún gobierno se le hubiese ocurrido ya no defender sino no emprender acciones contra el grupo separatista vasco ETA por el solo hecho de que los etarras azuzaran, con el terror con el que actuaron, un sentimiento verdadero del pueblo vasco.

Se ha corrido el eje y el Gobierno nacional parece no querer mirar que lo que realmente ocurre con los últimos tres hechos en Bariloche y El Bolsón, son acciones delictivas que buscan someter con terror la democracia que con tanto dolor nos costó conseguir a los argentinos. No es ir contra el pueblo mapuche, es ir contra los violentos.

El Gobierno nacional lejos de atender las demandas de la Provincia para combatir estos hechos primero se desentiende y afirma que la Gobernadora no pidió nada, luego sin el menor tacto (salvo que haya sido adrede) pide por la libertad en Chile de Facundo Jones Huala y escribe una carta a la Gobernadora donde le dice que la Nación no tiene como función brindar más seguridad en la región.

La Provincia, en tanto, solo entiende que debe intervenir la Nación, pero posee las fuerzas de seguridad necesarias como para afrontar la situación hasta aquí y debería hacerlo si pretende no ser también acusado de inacción, por no querer pagar el costo político o por lo que fuere.

En su Carta sobre la Tolerancia, John Locke (1632-1704), filósofo británico y considerado padre del pensamiento político liberal, plantea en un pasaje: “dado que la fuerza es un método equivocado para sacar a los disidentes de sus convicciones, mucho menos conseguirá que sean sus amigos aquellos que mantienen resueltamente sus convicciones y persisten en una opinión distinta a la de ustedes. Quien difiere de ustedes solo en una opinión está separado solo por una distancia, pero si lo maltratan por aquello que él cree que es justo, entonces él se convierte en su enemigo: lo primero es sólo un distanciamiento, lo segundo es un conflicto”.