El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro definió que el vencimiento del plazo fijado para cumplir reglas de conducta en una condena condicional no impide que la Justicia continúe con el control sobre posibles incumplimientos registrados durante ese período. La resolución fijó además una doctrina legal sobre el alcance del artículo 27 bis del Código Penal y el funcionamiento del sistema de ejecución condicional de penas.

La decisión surgió a partir de una impugnación extraordinaria presentada por el Ministerio Público Fiscal, luego de que el Tribunal de Impugnación considerara extinguida la potestad judicial para supervisar las pautas impuestas a una persona condenada. El STJ hizo lugar al planteo, anuló esa resolución y ordenó continuar con el trámite de control.

El expediente se había iniciado en septiembre de 2025, cuando el Juzgado de Ejecución Penal de Cipolletti dispuso archivar las actuaciones al entender que ya había vencido el plazo previsto para el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas en la condena de ejecución condicional.

Frente a esa resolución, la Fiscalía impulsó una revisión y logró una revocatoria en una instancia local. Sin embargo, posteriormente la defensa volvió a recurrir y el Tribunal de Impugnación resolvió, por mayoría, que el tiempo para controlar el cumplimiento de las pautas ya había expirado.

Con el caso nuevamente judicializado, el STJ convocó a una audiencia en la que participaron el Fiscal General, el Defensor General y la persona condenada. Allí, el eje de discusión pasó por determinar si tanto el pedido de control como la decisión judicial debían concretarse antes del vencimiento del plazo fijado, o si alcanzaba con que el presunto incumplimiento hubiera ocurrido dentro de ese lapso.

En su análisis, el máximo tribunal provincial sostuvo que el Tribunal de Impugnación realizó una interpretación incorrecta de la norma. Las juezas y jueces entendieron que el plazo previsto en el artículo 27 bis del Código Penal establece el tiempo otorgado para cumplir las reglas de conducta, pero no funciona como un límite automático que impida posteriores decisiones judiciales vinculadas a incumplimientos detectados dentro de ese período.

La sentencia también destacó que la solicitud de audiencia impulsada por la Fiscalía había sido presentada en término y señaló que cuestiones administrativas o vinculadas a la agenda judicial no podían dejar sin efecto el control jurisdiccional.

Otro de los puntos abordados por el STJ fue el rechazo a aplicar de manera analógica normas del Código Civil y Comercial relacionadas con la caducidad de derechos. El tribunal remarcó que se trata de institutos distintos y que el régimen de ejecución penal posee finalidades específicas vinculadas al seguimiento de las conductas impuestas en una sentencia.

En ese sentido, el fallo advirtió que una interpretación contraria podría convertir a la condena condicional en una “dispensa prácticamente automática” de la pena en aquellos casos donde el incumplimiento ocurriera cerca del vencimiento del plazo fijado.

Finalmente, el STJ resolvió anular el punto cuestionado de la sentencia del Tribunal de Impugnación, revocar esa decisión y reenviar las actuaciones al Juzgado de Ejecución Penal para continuar con el control del cumplimiento de las reglas de conducta establecidas originalmente.