Un escrito judicial con citas jurisprudenciales inconsistentes derivó en un llamado de atención a una abogada por parte del máximo tribunal provincial, que además volvió a marcar límites en el uso de inteligencia artificial dentro del ejercicio profesional.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) avirtió la situación en el marco de una acción de amparo contra Ipross, vinculada a la cobertura de una internación geriátrica y otras prestaciones de salud. En ese expediente, el tribunal rechazó la apelación presentada contra una sentencia dictada en Cipolletti, pero incorporó una observación específica sobre el contenido del recurso.

Según surge del fallo, el memorial presentado incluía referencias a precedentes atribuidos al propio STJ que no coincidían con carátulas ni números de sentencia vigentes. Esa inconsistencia fue interpretada como un posible uso inadecuado de herramientas tecnológicas sin la correspondiente supervisión profesional.

A partir de esa evaluación, el tribunal señaló que la situación permitía presumir un uso carente de control de inteligencia artificial generativa, por lo que dispuso un llamado de atención a la letrada patrocinante. En ese contexto, recordó que estas herramientas no reemplazan el “deber indelegable de control”, establecido en las Acordadas 15/24 y 22/25 del propio organismo.

El pronunciamiento se inscribe en una línea de regulación que el STJ viene desarrollando sobre el uso de estas tecnologías. La Acordada 15/24 aprobó el Protocolo de Buenas Prácticas para el uso de Inteligencia Artificial Generativa en el ámbito judicial, mientras que la Acordada 22/25 extendió su alcance a auxiliares externos, incluyendo a profesionales que litigan ante los tribunales.

En ese marco, el tribunal ya había establecido que, ante situaciones de este tipo, los órganos judiciales pueden aplicar sanciones en el marco de sus potestades correctivas y, además, remitir los antecedentes a los Colegios de Abogados, para su tratamiento en los Tribunales de Ética o Disciplina.

En su voto, el STJ remarcó que todo contenido generado con inteligencia artificial debe atravesar una revisión crítica, con verificación en fuentes confiables y bajo el control de quien firma el escrito. También subrayó que estas herramientas pueden ser utilizadas como apoyo, pero no sustituyen el análisis jurídico, la interpretación normativa ni la evaluación de cada caso concreto.

El caso se vincula con una preocupación ya expresada por el propio tribunal respecto a la aparición de escritos con citas falsas o precedentes inexistentes, una práctica que impacta en la ética profesional, la lealtad procesal y el funcionamiento del sistema judicial.

En paralelo, la Escuela de Capacitación Judicial viene desarrollando instancias formativas sobre el uso de IA en el ámbito del derecho. El primer taller se realizó en Bariloche y se prevé la continuidad de estas capacitaciones durante 2026, en línea con la incorporación progresiva de estas herramientas en la práctica profesional.