Denuncian penalmente a funcionarios y legisladores por presunta violación de la veda electoral

La presentación fue realizada por el legislador Santiago Ibarrolaza, quien pidió investigar un acto oficial encabezado por autoridades de Juntos Somos Río Negro en Viedma

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El legislador provincial Santiago Ibarrolaza presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Viedma contra tres funcionarios y tres legisladores de Juntos Somos Río Negro por la presunta violación de la veda electoral, tras la realización de un acto público el viernes 24 de octubre, dos días antes de las elecciones generales.

La denuncia apunta al intendente de Viedma, Marcos Castro; al ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Echarren; a la comisionada de Fomento de San Javier, Gladys Almuna; y a las legisladoras provinciales Marcelo Szczygol, Roberta Scavo y María Celia Cévoli.

Ibarrolaza, que presentó la acción con el patrocinio legal del abogado Daniel Fernando Mayor, solicitó que se investigue la presunta infracción a los artículos 64 quater y 133 bis del Código Nacional Electoral, y al artículo 91 de la Ley Electoral 26.751. La denuncia sostiene que los mencionados habrían realizado un acto de gobierno en plena veda, destinado a la firma de convenios de obras públicas en la ciudad de Viedma, lo que está expresamente prohibido por la normativa electoral.

En el escrito presentado ante el fiscal federal Marcos Escandell, el legislador adjuntó como prueba publicaciones oficiales del acto, entre ellas un video difundido por el propio intendente Castro en sus redes sociales y una nota publicada por Diario La Palabra sobre el lanzamiento de obras en San Javier. Según se detalla en la presentación, el ministro Echarren habría manifestado en ese material audiovisual: “Viernes a la mañana…”, confirmando que el acto se desarrolló durante el período de restricción.

La denuncia cita expresamente el artículo 64 quater del Código Nacional Electoral, que prohíbe la realización y difusión de actos de gobierno durante los 25 días previos a los comicios cuando estos puedan promover o desalentar el voto a favor de alguna fuerza política. Además, recuerda que el artículo 133 bis establece sanciones de inhabilitación de uno a diez años para funcionarios que autoricen o consientan la publicidad de actos en violación de dicha prohibición.

Entre los fundamentos, Ibarrolaza hace referencia a la doctrina de la Cámara Nacional Electoral, que considera que el uso de recursos públicos, símbolos o consignas estatales durante la campaña “viola la neutralidad que debe regir el accionar gubernamental”. También menciona fallos de la Corte Suprema de Justicia que remarcan la importancia de preservar la “integridad del proceso electoral” y evitar toda influencia indebida en la voluntad de los electores.

En su petitorio, el legislador solicitó que se tenga por radicada la denuncia penal, se requiera a la Municipalidad de Viedma copia de los convenios anunciados públicamente, se produzca la prueba informativa solicitada y, en su caso, se determine la responsabilidad de los denunciados.

La presentación fue ingresada en la sede de la Justicia Federal de Viedma y se aguarda su análisis por parte del fiscal Escandell, quien deberá resolver si impulsa la investigación por presunto delito electoral.

El caso se suma a antecedentes recientes en los que la Justicia Federal de Viedma intervino por posibles infracciones a la veda, como ocurrió en agosto pasado, cuando se ordenó al partido Juntos Somos Río Negro retirar publicaciones en redes sociales consideradas como propaganda fuera del plazo legal.

También Fuerza Patria Río Negro denunció días atrás la transgresión a la veda por parte del oficialismo provincial.

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