Una serie de allanamientos realizados en distintas localidades del conurbano bonaerense permitió avanzar en la investigación sobre el robo de teléfonos celulares que estaban destinados al Poder Judicial de Río Negro. Cinco personas fueron imputadas por encubrimiento tras confirmarse que habían adquirido o recibido los dispositivos, con conocimiento de su origen ilícito, según confirmaron fuentes judiciales a este medio.
El caso se originó luego de la sustracción de 40 equipos móviles el pasado 9 de noviembre de 2024, mientras eran trasladados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Viedma, en el marco de una compra realizada por el Ministerio Público. La fiscalía precisó que dos hombres y tres mujeres fueron acusados formalmente de haber recibido y activado los teléfonos, a pesar de conocer su procedencia irregular.
Para identificar a las personas involucradas, la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) solicitó a una empresa de telefonía datos vinculados al código IMEI de cada aparato. Este procedimiento permitió rastrear los dispositivos hasta ubicarlos en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Rafael Calzada, Almirante Brown, Claypole, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, donde se procedió a realizar los allanamientos.
De acuerdo a la información recabada, los dispositivos fueron activados bajo titularidad de las personas imputadas a pocas horas de su supuesta llegada a Viedma, lo que llevó a los investigadores a presumir que los teléfonos habrían sido robados durante su traslado o incluso dentro del servicio de encomiendas encargado de la logística. Las audiencias de formulación de cargos se realizaron a través de la plataforma Zoom, detallaron las fuentes consultadas.
El sustento probatorio reunido por la fiscalía incluye la denuncia del hecho, copias del expediente judicial, remitos emitidos por la empresa proveedora hacia la empresa de transporte, testimonios de personal judicial y el informe técnico sobre los 40 códigos IMEI involucrados. De esa cantidad, se constató que solo 29 teléfonos fueron efectivamente entregados y abonados, mientras que otros dos fueron recuperados y secuestrados como parte de la investigación penal.
La pesquisa contó con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal bonaerense, dado que la activación de los equipos se realizó dentro de su jurisdicción. La investigación sigue en curso, mientras se intenta establecer con mayor precisión el momento y la forma en que se produjo la sustracción de los celulares durante su traslado a la capital rionegrina.
16 mayo 2025
Judiciales