La autoría del proyecto fue compartido con su propulsora, Magdalena Odarda (ARI), por los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) César Miguel, Martín Doñate, María Gemignani, Silvia Paz y Silvia Horne, y modificado en su articulado.

Miguel, como presidente de la comisión legislativa para el Relevamiento de Transferencia de Tierras Rurales que investigó el caso, explicó las irregularidades que se dieron en la venta de tres parcelas de tierras fiscales, por un total de 24.648 hectáreas ubicadas en Colonia Pastoril Chilabert del Departamento de Valcheta, a un propietario y a 9,18 pesos por hectárea.

En este sentido, indicó que el adjudicatario, además de pagar un “precio vil” por estas tierras con un plan en cuotas, de las que efectuó solamente la primera y con un diez por ciento de descuento.

A su vez, la cantidad de parcelas cedidas exceden el límite impuesto por decreto para esta región, que fija la unidad económica productiva en 15 mil hectáreas, “casi 10 mil hectáreas de más”, afirmó. A su vez, la entrega de tres lotes también se contrapone con lo dispuesto en la ley de tierras (Nº279), que dispone una unidad productiva por persona.

El propietario tampoco cumplió con la obligación de residir en el predio ni de producir la tierra como elemento de producción conforme a lo estipulado en esta ley.

Una irregularidad importante señalada fue la falta de intervención del ex CODEMA en el trámite de adjudicación de acuerdo a que los lotes en cuestión están ubicados en un área natural protegida. Asimismo, se otorgó el título de propiedad antes de los 5 años que establece la ley y sin haber cancelado la hipoteca.

Miguel afirmó que de los 15 casos más conocidos en la provincia, éste “es el más emblemático, no solamente por la cantidad de hectáreas sino también por su precio”, y resaltó que “lo que se ha hecho es malversar un bien común de todos los rionegrinos“.

Por su parte, la legisladora Odarda afirmó que “es un día histórico para la Legislatura de Río Negro porque este proyecto reivindica la facultad soberana que tiene el Estado para recuperar tierras que fueron indebidamente entregadas a algunos empresarios muy conocidos en esta provincia, lamentablemente con la anuencia de algunos funcionarios cuya actuación es hoy objeto de análisis de la Justicia”.

Odarda manifestó que esta acción es “la puerta que se abre para seguir recuperando tierras y es parte de un entramado mayor que es el proceso de concentración de la tierra”.

Ricardo Ledo (UPRN) y Adrián Casadei (ACD) adelantaron el voto negativo de sus bloques a la iniciativa, no por un desacuerdo con el espíritu de la misma, sino por no coincidir con el mecanismo para la resolución.

Los legisladores afirmaron que debido a que el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, inició acciones de lesividad pidiendo la nulidad de los actos administrativos de la Dirección de Tierras, esta norma puede ocasionar perjuicios en el accionar judicial.

En el mismo sentido, ante la pregunta que le dirigió por la conveniencia de llevar adelante esta ley, el legislador Francisco González (ACD) leyó a la Cámara la respuesta de Bergonzi, siendo ésta negativa al procedimiento llevado a cabo por el Parlamento.

En este contexto, el legislador solicitó una moción de orden para retirar el expediente en tratamiento y solicitar su regreso a comisiones, pero fue rechazada por la mayoría.

En respuesta, la legisladora Silvia Horne (FpV) expresó que este proyecto se enmarca en la voluntad política del gobierno provincial, encabezado por Alberto Weretilneck, y afirmó que si esta Legislatura constituye una comisión investigadora y de forma documentada demuestra que “se trata de una enajenación ruidosa para la Provincia”, no hay que esperar para emitir una ley.

Por su parte, Martín Doñate (FpV) recordó los objetivos por los que fue creada la comisión investigadora de Tierras Rurales, “que no sólo eran para conocer el mapa de situación, sino además para tener la posibilidad y la capacidad de acción para lograr, en los casos donde identificáramos una clara irregularidad, que el Estado tenga una acción determinante para recuperar esas tierras para el patrimonio de los rionegrinos”.

Por último, tanto Arabela Carreras como Pedro Pesatti (FpV) afirmaron que el proyecto se enmarca en la política de Estado que se está llevando adelante por parte del gobierno provincial para la recuperación de tierras y que la iniciativa se analizará y debatirá antes de su segunda vuelta para su perfeccionamiento.

"Se perjudica estrategia provincial"

Los legisladores Adrián Casadei y Francisco González, del bloque Alianza Concertación, fundamentaron hoy en el recinto la negativa de la bancada a acompañar el proyecto de ley que restituye al Estado provincial 24.648 hectáreas, de origen fiscal, que se encuentran en la Meseta de Somuncura.

Casadei argumentó la necesidad de requerir la opinión del fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, sobre la iniciativa y consideró que la sanción perjudica a estrategia político-judicial de la provincia respecto de este tema.

Por su parte, González leyó una nota que Bergonzi envió ayer al bloque Alianza y por la cual desaconseja la sanción de la ley.

Inicialmente, Casadei recordó que fue él quien llevó adelante la creación de la comisión de investigación de tierras fiscales y destacó que en la nueva conformación se trabaja en forma prolija y profunda.

Inmediatamente, destacó que “no podemos acompañar este proyecto porque una ley no es el mecanismo para anular un acto administrativo del Poder Ejecutivo”.

Refirió que por la Disposición Nº011/12, de la Dirección General de Tierras, del 15 de mayo del 2012, se resolvió remitir a la Fiscalía de Estado las actuaciones para que inicie las acciones legales necesarias destinadas a obtener la declaración judicial de nulidad de las disposiciones Nº558, del 14 de diciembre de 2006, y Nº35 del 2 de febrero de 2001.

Una de esas disposiciones rechazó en lo sucesivo el pago de sumas de dinero en concepto de cuotas hipotecarias por parte del adjudicatario Mauricio Alejandro Montes.

“Dichas irregularidades tornarían nulas de nulidad absoluta el acto administrativo mediante el cual se adjudicó en venta. Es decir, el propio Poder Ejecutivo lo determinó por resolución.. . y el fiscal de Estado inició una acción de lesividad, pidiendo la nulidad de los actos administrativos en la causa iniciada contra Montes”, describió el legislador de la Alianza.

Agregó: “no solo esto, sino que el fiscal de Estado ha informado que el Tribunal (Cámara Civil Comercial y Minería de Viedma) ha dictado una medida cautelar disponiendo no innovar y ordenando a Montes que se abstenga, antes de la terminación del proceso, de cualquier acto o disposición y administración sobre las tierras”.

“Creemos que de alguna manera nos estamos dirigiendo mucho más allá de las facultades que pueda tener la Legislatura”, remarcó Casadei y ponderó “que sea la Justicia la que determine en esta causa los responsables de alguna irregularidad y determine sus sanciones penales y la restitución, por el hecho de levisidad, de las tierras a las provincia”.

Consideró necesario consultarle opinión al fiscal de Estado y le extrañó “que no haya venido a la Legislatura ni enviado a alguien a la comisión para confirmar si estaba o no de acuerdo con esta ley y si beneficia a la estrategia judicial oficial o ni la perjudica”.

Finalmente, Casadei reiteró que su bloque no acompañar el proyecto, porque “con la sanción estamos perjudicando una estrategia político-judicial de la provincia”.

Inmediatamente, González recordó que durante la reciente reunión de la comisión de Planificación y Asuntos Económicos, efectuó el planteo de la posibilidad de escuchar la opinión del fiscal de Estado y la estrategia de la provincia sobre esta cuestión y que el proyecto siguiera en comisión para su análisis.

Expuso además que la Fiscalía de Estado se encuentra accionando judicialmente, mediante una acción de lesividad respecto de los actos administrativos que la norma proyectada aspira a nulificar y que, en este contexto, “hemos advertido que no obra opinión de ese organismo acerca de la legalidad del proyecto de ley”.

Describió que fiscal de Estado envió ayer al bloque un correo electrónico, recibido a las 18,54, por el cual pone en conocimiento que “desde la Fiscalía de Estado hemos iniciado una acción judicial de lesividad dirigida contra Mauricio Alejandro Montes, con la finalidad de obtener la nulidad de varios actos administrativos...”

“Perseguimos que el Poder Judicial decrete la nulidad de esos actos a fin de que la tierra malvendida por la provincia vuelva a su patrimonio y más allá que la finalidad buscada por los legisladores haya sido plausible viene a perjudicar la estrategia de la provincia en el pleito, la que es claramente no afrontar indemnización alguna con el recupero de las tierras”, consignó el funcionario provincial.

Sostuvo también que “la Legislatura carece de competencia para nulificar un acto administrativo, máxime de otro poder del Estado y cualquier medida que limite la propiedad conlleva una indemnización”.

Concluyó: “Desde la Fiscalía desanconsejamos que los proyectos mencionados se conviertan en leyes”.

Por eso, González mencionó que esta nota da respuesta a las dudas que tenían los legisladores Ricardo Ledo y Adrián Casadei, por lo cual sería relevante una moción de orden para que este proyecto vuelva a comisión y se pueda escuchar la opinión del fiscal de Estado.