En la misiva, a la que accedió LA PALABRA, los empleados señalan que ante los permanentes cambios de funcionarios en el Ministerio “nos hemos encontrado frente a situaciones que dejaron en evidencia la falta de claridad y coherencia en las políticas del sector”.

Indican que en la delegación Valle Inferior “hubo cambios intempestivos de autoridades, marcados por períodos prolongados de total ausencia de los funcionarios a cargo, generando inestabilidad en la tarea y falta de funcionalidad”.

Reclaman que desde diciembre de 2011 “hemos intentado convocar a las autoridades a diversas instancias de diálogo, no solo para dejar explicitadas las demandas sino también para propiciar un espacio articulación destinado a mejorar la prestación del servicio, sin contar con respuesta favorable”.

“Continuamos desempeñando nuestra labor profesional en un marco de absoluta incertidumbre y malestar generalizado, en desmedro del programa afectando no solo a los trabajadores sino también as las familias destinatarias de su intervención”, se quejaron.

Hablan además de “situaciones violentas suscitadas en el último periodo, donde los trabajadores han sido victimas de amenazas, de agresiones físicas y verbales, por parte de integrantes de algunas familias bajo seguimiento técnico” y relacionan estos lamentables hechos con “el desempeño propio de la función”.

Aseguran que ante esto las autoridades “han minimizado la gravedad de la situación vivida por los compañeros, quienes han sido brutalmente golpeados, amenazados y condicionados en su área habitual ante el temor fundado de ser nuevamente víctima de agresiones”.

Los trabajadores indicaron que ante el reclamo a los funcionarios por estos hechos “hemos recibido respuestas como ‘son riesgos del oficio’ o ‘¿cada vez que pase algo voy a tener que venir yo?’ o ‘a mi si alguien me pega no voy a venir a molestarlos a ustedes’”.

“Nuestros reclamos han sido interpretados como una movida política al actual gobierno, sin poder entender que este equipo técnico únicamente reclama claridad en las políticas publicas sociales y condiciones de trabajo que posibiliten el normal cumplimiento del programa”, finalizan los empleados.