El abogado de la familia del oficial Gabriel Mandagaray, Damián Torres, confirmó que presentará una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) anulara las condenas por la muerte del joven policía y ordenara una nueva revisión del caso. “Vamos a impugnar la decisión del Superior, que vuelve a enviar el expediente al Tribunal de Impugnación. Es una medida que genera incertidumbre y que la familia no puede comprender”, indicó.
Torres explicó que la resolución del STJ no implica un nuevo juicio, sino una tercera revisión de las condenas dictadas por el Tribunal de Impugnación. “Las sentencias siguen vigentes, pero ahora un nuevo tribunal deberá analizarlas nuevamente. Es una situación atípica, porque el Superior podría haber asumido la competencia y resolver directamente”, sostuvo.
El abogado planteó que el Superior Tribunal justificó su decisión en una supuesta falta de revisión adecuada por parte del Tribunal de Impugnación. Sin embargo, cuestionó la falta de uniformidad en los criterios judiciales. “De 124 sentencias revisadas este año, solo nueve fueron abiertas por el Superior, y en siete casos se revocaron. Eso marca una tendencia. Pero en esta causa, el STJ decide intervenir por segunda vez, en un expediente sensible y con un gran impacto institucional”, remarcó.
Torres recordó que la investigación por la muerte del oficial Mandagaray —ocurrida durante un entrenamiento del COER en abril de 2021— “fue compleja porque involucró a miembros de la propia Policía”, y destacó que el proceso judicial “logró avanzar sin encubrimientos, con una sentencia condenatoria en dos años”. En ese marco, consideró que la decisión del STJ “retrotrae todo lo conseguido” y “vuelve a poner en duda la responsabilidad institucional”.
“Lo inexplicable es por qué el Superior no resolvió directamente. Tenía la posibilidad de confirmar o modificar las condenas, pero eligió devolver el caso, generando un nuevo ciclo de revisiones. Esto deja mal parada a la Justicia y prolonga el sufrimiento de la familia”, afirmó.
Torres también advirtió sobre tensiones internas dentro del Poder Judicial. “Se percibe una disputa entre el Superior Tribunal y el Tribunal de Impugnación. En lugar de resolver los desacuerdos de manera interna, los exponen en las sentencias. Eso afecta el servicio de justicia y genera desconfianza pública”, señaló.
El letrado subrayó que el Tribunal de Impugnación “trabaja con una estructura muy reducida para la cantidad de causas que debe revisar, con apenas cuatro jueces para toda la provincia”, y planteó que esa limitación “podría estar afectando la calidad de las revisiones”.
Finalmente, confirmó que la presentación ante la Corte Suprema se realizará dentro de los próximos diez días. “Vamos a insistir en que se restablezca la validez de las condenas. La familia Mandagaray necesita una respuesta definitiva y la sociedad rionegrina también”, concluyó.

5 diciembre 2025
Judiciales