El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) volvió a anular la sentencia del Tribunal de Impugnación (TI) en la causa por la muerte del joven policía Gabriel Mandagaray, ocurrida durante un curso de formación del grupo COER en Bahía Creek. Concluyó que el fallo no cumplió con la revisión integral ordenada en un reenvío anterior y ordenó que un nuevo tribunal, con distinta integración, vuelva a analizar el caso.

El máximo órgano judicial aclaró que no se pronunció sobre el fondo de los agravios planteados, sino sobre la necesidad de que estos sean debidamente tratados. “Con la intención de otorgar claridad —especialmente a los familiares de la víctima— este Tribunal no se pronuncia sobre la corrección y acogimiento de los agravios formulados, sino sobre la necesidad de otorgarles debido tratamiento”, sostiene la resolución.

El fallo enfatiza que el objetivo del nuevo reenvío es garantizar el cumplimiento de la doctrina legal respecto de la “obligación de los tribunales intermedios de ejercer una revisión plena y fundada de las sentencias condenatorias, en resguardo del derecho al recurso y del debido proceso”. En ese sentido, el STJ advirtió que el TI “desatiende su obligación de agotar su capacidad revisora”, limitándose a un análisis “superficial” y contradictorio.

El Superior Tribunal recordó que la revisión de las sentencias condenatorias es una garantía de jerarquía constitucional y citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia y del propio órgano provincial. También subrayó que la motivación de las decisiones judiciales —prevista en el artículo 200 de la Constitución de Río Negro— es un mandato que asegura la transparencia y la validez de las resoluciones.

Cuestiones no analizadas adecuadamente

Además, señaló deficiencias en el tratamiento de los delitos atribuidos: abuso de autoridad (hecho 1) y homicidio culposo (hecho 2). Según el STJ, el fallo confundió argumentos de ambas figuras penales, utilizó expresiones generales y no precisó los actos concretos atribuidos a cada acusado.

En relación con el homicidio culposo, el máximo tribunal recordó que debía aplicarse la doctrina de la “autoría paralela”, que describe los casos en los que varias personas causan conjuntamente un resultado sin acuerdo previo. Para ello, es necesario determinar el aporte individual de cada interviniente, algo que —pese a haber sido ordenado en un fallo anterior— no fue cumplido por la segunda conformación del TI.

“El tribunal se limitó a afirmar que todos los acusados actuaron imprudentemente, sin precisar cuál fue la conducta atribuida a cada uno ni de qué manera esa conducta generó un riesgo no permitido”, detalla la sentencia.

Pautas para la nueva revisión

Para evitar nuevas dilaciones, el STJ estableció expresamente los pasos que deberá seguir el nuevo Tribunal de Impugnación. En primer término, deberá analizar los cuestionamientos vinculados con el principio de congruencia, confrontando los hechos de la acusación con los establecidos en la sentencia.

Luego, al revisar el hecho de abuso de autoridad, deberá identificar los actos concretos que constituyan inobservancia de la ley “sin vaguedades ni descripciones genéricas”. Finalmente, al tratar el hecho de homicidio culposo, el tribunal deberá determinar los aportes individuales de cada acusado en el resultado muerte.

Con este nuevo fallo, el Superior Tribunal busca asegurar que la revisión sea completa, fundada y respetuosa de las garantías constitucionales, luego de un proceso judicial que aún no logra cerrar el capítulo pendiente en torno a la muerte de Gabriel Mandagaray.