Una jueza de Familia de Bariloche ordenó el embargo preventivo de un vehículo para asegurar el cobro de una deuda alimentaria que supera los siete millones de pesos, luego de constatar el incumplimiento de una sentencia previa que había fijado las cuotas correspondientes.

Según surge de la resolución judicial, el proceso se inició tras la homologación de un acuerdo y la posterior liquidación de las cuotas impagas. Frente a la falta de pago, la Unidad Procesal de Familia dictó una sentencia monitoria y avanzó con la etapa de ejecución. El monto reclamado asciende a más de 7,2 millones de pesos, a lo que se suma un 45% adicional previsto para intereses y costas.

La medida dispone el embargo preventivo de un automóvil Volkswagen CrossFox modelo 2009 registrado a nombre del deudor. Además, se fijó un plazo de cinco días para que la persona obligada abone voluntariamente la deuda o presente las defensas procesales que la normativa vigente contempla. En caso de no hacerlo, la ejecución continuará hasta cubrir la totalidad del monto adeudado.

Desde el fuero de Familia se recordó que las magistradas y magistrados no solo fijan u homologan cuotas alimentarias, sino que también cuentan con facultades para ejecutar sus propias decisiones cuando se verifica un incumplimiento. En ese marco, la normativa procesal habilita la adopción de sentencias monitorias y medidas cautelares sobre bienes registrables, cuentas bancarias o ingresos.

El crédito alimentario tiene prioridad legal por su vinculación directa con la subsistencia y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Por ese motivo, el sistema judicial prevé mecanismos ágiles que permiten reducir instancias y plazos cuando la deuda ya fue determinada en un expediente previo.

Entre las herramientas disponibles para impulsar el cumplimiento se incluyen retenciones directas de haberes, inhibiciones generales de bienes, inscripción en registros de deudores alimentarios, restricciones para realizar determinados trámites y la imposición de sanciones conminatorias.

Fuentes judiciales indicaron que este tipo de medidas suele activarse cuando el incumplimiento se extiende en el tiempo y el monto adeudado adquiere relevancia, con el objetivo de evitar que la deuda continúe creciendo y resguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.