Dos hombres quedaron formalmente imputados por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera, el joven de 20 años que murió tras recibir un disparo en Cipolletti. La Justicia dispuso además que ambos permanezcan en prisión preventiva durante cuatro meses, plazo en el que se desarrollará la etapa inicial de la investigación penal.

La decisión se tomó durante una audiencia realizada este martes en el Foro Penal de Cipolletti, donde el fiscal del caso formuló cargos contra los acusados por el delito de homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas y por el uso de arma de fuego. La acusación también incluye la portación de arma de fuego de guerra, en concurso real, y sostiene que los imputados actuaron como coautores.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscalía durante la audiencia, el hecho ocurrió entre la medianoche del 1 de marzo de 2026 y las primeras horas del día siguiente. En ese lapso, los dos imputados se habrían puesto de acuerdo con otras dos personas que aún no fueron identificadas para concretar el ataque.

Según el relato de la parte acusadora, el grupo se movilizó en una camioneta y recorrió el barrio Antártida Argentina mientras aguardaba la oportunidad de atacar a un hombre con quien mantenían conflictos previos. En ese contexto, se dirigieron hasta el frente de una vivienda donde creían que se encontraba esa persona.

Allí, siempre según la hipótesis fiscal expuesta en la audiencia, realizaron al menos quince disparos con armas de fuego de calibres 9 milímetros y .40. Uno de los proyectiles impactó en Aguilera, provocándole la muerte. Tras el ataque, quienes habrían participado del hecho escaparon del lugar.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó la prisión preventiva de los acusados al considerar que existen riesgos procesales. Entre los argumentos mencionó la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, al señalar que los imputados conocen a testigos y sus domicilios. También planteó peligro de fuga, al indicar que no fueron encontrados en sus casas durante los allanamientos y que, según sostuvo, cuentan con recursos para mantenerse prófugos, como habría ocurrido hasta que se presentaron acompañados por sus abogados.

Las defensas particulares rechazaron la acusación y cuestionaron los elementos reunidos por la fiscalía. En ese marco, argumentaron que no existen indicios contundentes que vinculen a sus asistidos con el hecho y consideraron que las pruebas presentadas resultan insuficientes. Además, solicitaron que, en caso de aplicarse una medida cautelar, esta sea de cumplimiento domiciliario.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías resolvió tener por formulados los cargos y habilitar la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. En la misma resolución dispuso que los imputados permanezcan en prisión preventiva durante ese período, mientras avanza la investigación del caso.