La Defensoría del Pueblo de la Nación instaló a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a revisar su enfoque restrictivo en la verificación de residencia y permanencia de los solicitantes de prestaciones sociales. La recomendación surge en el marco de una investigación iniciada ante el aumento de quejas relacionadas con la dificultad de acceso a beneficios sociales y previsionales, debido a inconsistencias en los registros migratorios.

El informe elaborado por la Defensoría revela que muchas personas, tanto nacionales como extranjeras con residencia legal en el país, enfrentan obstáculos al momento de solicitar beneficios sociales. Las dificultades surgen debido a omisiones o errores en los registros migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), lo que afecta el acceso a prestaciones como jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), moratorias y otros beneficios sociales. Las situaciones reportadas incluyen casos recientes y de hace más de quince años, lo que complica la corrección de los registros y, en consecuencia, la habilitación de los beneficios.

La Defensoría señaló que las normativas vigentes no deben limitar la acreditación de la residencia o permanencia en el país únicamente a la validación de los registros migratorios. En este sentido, destacó la necesidad de que la ANSES considere otros medios probatorios para garantizar el acceso a las prestaciones sociales de quienes enfrentan dificultades con los registros migratorios, sin que ello implique una restricción injustificada para el ejercicio de derechos fundamentales.

El organismo también recordó que tanto la legislación nacional como los tratados internacionales reconocen el derecho de acceso a la seguridad social para todos, incluyendo a los extranjeros con residencia legal en el país. Por lo tanto, cualquier limitación que impida el ejercicio de este derecho debe ser revisada para evitar que personas en situación de vulnerabilidad queden excluidas del sistema de prestaciones sociales.

En este contexto, la Defensoría instó a la ANSES a adoptar un enfoque más flexible, permitiendo la presentación de pruebas alternativas que acrediten la residencia y permanencia en el país, a fin de garantizar el acceso de todos los solicitantes a los beneficios a los que tienen derecho. La recomendación subraya la importancia de asegurar que el acceso a prestaciones no se vea limitado por la existencia de errores o inconsistencias en los registros migratorios, en un esfuerzo por promover la inclusión social y el respeto de los derechos de todas las personas.