.jpeg)
Por Marcelo Mango*
Los verdaderos objetivos del proyecto que pretende modificar el régimen laboral vigente, impulsado por el presidente Milei y un grupo de empresarios, son disciplinar a los trabajadores, debilitar a las agrupaciones sindicales y sus acciones colectivas
y transferir recursos públicos millonarios desde el Estado a las empresas, empobreciendo aún más a las familias argentinas.
El proyecto baja los costos empresarios para contratar nuevos empleados y para despedirlos; restringe las huelgas, asambleas o bloqueos; y crea un sistema de “banco de horas” que permitiría redistribuir la carga horaria de los trabajadores sin pagar horas extras.
En cuanto a las indemnizaciones, el texto excluye del cálculo los conceptos de aguinaldo, vacaciones y premios, y prohíbe acumular reclamos por daños y perjuicios adicionales al
cobro de indemnización, reduciendo la acción judicial de los trabajadores despedidos.
A su vez, crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar las indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado. La empresa deberá aportar un 3% de las
remuneraciones que se toman como base para las contribuciones patronales y el Estado se lo descontará de las propias contribuciones que hace la firma a la Anses. En definitiva, el costo del FAL es cero para las empresas y el que pierde financiamiento es el organismo del Estado que paga las jubilaciones.
Con esta medida, se pone en riesgo la financiación de la Anses y se abre la puerta a la vuelta de las AFJP, ya que ese 3% será manejado por fondos privados que estarán registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que podrán invertir en el mercado de capitales.
Respecto de las vacaciones, se flexibiliza el período legal para tomarlas, permitiendo que se otorguen fuera del plazo tradicional y en tramos fraccionados no menores a siete días.
Los salarios podrían fijarse por jornada, por unidad producida o mediante esquemas de comisiones, individuales o colectivas. También se autoriza el pago en moneda extranjera o incluso en especie, si existe acuerdo entre las partes.
El proyecto también elimina la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo, lo que implica que una vez vencido un convenio dejaría de tener vigencia hasta que
se acuerde uno nuevo. Este punto dejaría sin cobertura de derechos ganados a miles de trabajadores si no se renuevan sus marcos legales a tiempo.
Se extiende a seis meses el período de prueba para empleadas domésticas, y se regulariza el vínculo entre plataformas tecnológicas y repartidores, aunque sin establecer obligaciones para las empresas en términos de cobertura, seguridad o derechos laborales básicos.
La reforma libertaria establece una baja del 6% al 5% de las contribuciones que hacen las empresas a las obras sociales sindicales. Esto se trata de una afectación millonaria en sus
ingresos, teniendo en cuenta que muchas de ellas se encuentran en crisis.
Asimismo, también afectará a los trabajadores que derivan aportes y contribuciones a una prepaga, porque ahora podrán trasladar menos fondos y el proyecto no establece quién pagará la diferencia.
Desde que asumió, el gobierno tiene en claro que sus enemigos son los trabajadores, los jubilados y sus familias. Y se empeñó en licuar los salarios. Con esta iniciativa, quiere avanzar contra los derechos conquistados con años de lucha y seguir
traspasando recursos del sector público al privado.
El proyecto no busca generar empleo, como expresó el asesor laboral de Milei, el abogado Julián de Diego, sino que pretende disciplinar, generalizar relaciones laborales sin derechos, destrozar los convenios colectivos, facilitar despidos,
eliminar la ultraactividad y restringir el derecho a huelga.
En el marco de una política de destrucción del empleo, donde en dos años de gestión libertaria hay 200.000 empleos menos y una crisis productiva con parálisis absoluta en sectores industriales clave, el gobierno quiere presentar el proyecto como una modernidad, pero en realidad apunta a llevar a la Argentina a la etapa del preperonismo, en la que los trabajadores tengan sueldos miserables y sus derechos
no sean respetados.
*Diputado Nacional por Rio Negro (Fuerza Patria)
11 diciembre 2025
Opinion