El superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Gastón Renda, detalló los resultados del “Plan Maestro para el Sector Hídrico” elaborado por la empresa estatal israelí Mekorot y afirmó que el informe “es una herramienta estratégica para acompañar el desarrollo económico de los próximos 30 años”. Sostuvo que la información generada es pública, que no implica cambios en el acceso al agua y que su objetivo es ordenar la gestión del recurso en un contexto de crecimiento productivo.

Renda recordó que el trabajo comenzó en 2022 a partir de un acuerdo entre Nación, nueve provincias y el Estado de Israel, financiado por el CFI. “Israel tiene una gran experiencia en el manejo del recurso hídrico en situaciones críticas y era importante sumar esa mirada”, explicó al defender la decisión de incorporar asistencia técnica externa.

El funcionario repasó que Río Negro no adoptó un modelo estándar como el resto de las provincias, sino que estableció ejes propios para el estudio. En esa línea, puntualizó que el DPA definió la evaluación de la situación actual, el balance de oferta y demanda de agua hasta 2055 considerando el cambio climático, el análisis del rol regulatorio, la planificación del abastecimiento para la Zona Atlántica, el reuso de efluentes y el cálculo del valor económico del agua.

Sobre este último punto, remarcó que se trata de “un concepto internacional, como la huella de carbono”, y aclaró que “no es ponerle un precio al agua ni modificar derechos, sino reconocer su valor para planificar obras y mejorar la eficiencia”. Agregó que el acceso al agua potable “es un derecho innegociable”, aunque existen obligaciones vinculadas a su uso responsable.

Renda señaló que el 95% del agua disponible en Río Negro se utiliza para riego y que los sistemas actuales “son los menos eficientes”. En ese marco, indicó que el estudio plantea la posibilidad de ampliar la superficie bajo riego y ordenar inversiones en infraestructura para mejorar el aprovechamiento del recurso. “El balance hídrico muestra que la provincia tiene capacidad, pero es necesario trabajar en eficiencia y planificación”, sostuvo.

El superintendente también respondió a cuestionamientos públicos sobre la participación de una empresa extranjera en el estudio. “No se entrega el agua ni se modifica ningún dominio. Toda la información es pública. El DPA mantiene el control total del recurso, como marca la ley”, afirmó. En relación a las inquietudes sobre la compra de tierras por parte de privados, explicó que la normativa vigente establece límites y que cualquier actividad sobre cauces, canteras o espejos de agua requiere autorización del organismo.

Renda destacó el trabajo técnico del DPA durante el proceso y rechazó críticas que señalaron un supuesto desplazamiento de capacidades internas. “Encontré un equipo interdisciplinario con 44 profesiones distintas, altamente capacitado y muy comprometido”, señaló. Añadió que Mekorot “valoró la calidad técnica del Departamento” y adaptó el plan a las necesidades planteadas por la provincia.

Sobre los próximos pasos, informó que el informe final será publicado en los próximos días a través de un enlace de acceso público. Además, confirmó que el DPA continuará avanzando en la agenda de obras hídricas prioritarias. En particular, mencionó la consulta significativa prevista para este lunes por el proyecto de agua potable en Sierra Grande, en el marco del financiamiento CAF.

“El gobernador nos encomendó acompañar el desarrollo productivo con una gestión eficiente del recurso hídrico. Este plan nos deja una herramienta para ese camino”, concluyó.