Imputaron al quinto sanantoniense por corrupción de menores

Ya no está en la causa la jueza Itziar Soly.

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La Fiscal Paula Rodríguez Frandsen formuló cargos hoy contra Eric Pérez, el quinto hombre investigado en el caso de corrupción de menores que lleva adelante desde que fue efectuada la denuncia por referentes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Tales delitos, que habrían perpetrado según la acusación cinco hombres, fueron en perjuicio de una adolescente.

Recordamos que el viernes pasado este imputado no se presentó a la audiencia y la Justicia requirió que se lo busque la fuerza pública. En aquella oportunidad la jueza Itziar Soly no aceptó la imputación para Javier Iud y Luis Ojeda por falta de precisión en la acusación realizada por la fiscal Rodríguez Frandsen.

Los defensores de los otros dos acusados intentaron un juicio abreviado pero el acuerdo fue rechazado por Soly dado que entendió que la caratula de la causa para Navarrete y Fortete debía ser por un delito más grave aún. Luego de este cambio de calificación la jueza quedó apartada automáticamente de la causa.

En la audiencia de formulación de cargos desarrollada este miércoles, se le imputó al quinto hombre, haber mantenido relaciones sexuales con la adolescente de entre 14 y 15 años a cambio de dinero o drogas. Dichos actos fueron tendientes a corromper su normal comportamiento sexual.

En la instancia estuvo presente el imputado junto a Pedro Vega, Defensor oficial y el adjunto Juan José Alvarez Costa. La acusación se completó con el Fiscal Jefe, Hernán Trejo y la Fiscal Adjunta Yanina Estela Pasarelli.

Según la acusación el imputado habría mantenido en tres ocasiones, todas ellas entre los años 2016 y mayo de 2018, relaciones sexuales con la niña a cambio de droga y dinero. Los hechos se produjeron en la vivienda particular de ella y otros dos en la costanera marítima.

Luego de que el Juez tuvo por admitido los cargos, la Fiscal solicitó que el hombre se presente a firmar en la comisaría de San Antonio Oeste dos veces por semana a fin de asegurar que se mantenga a derecho por el lapso que se extienda la investigación, fijado en cuatro meses.

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