La semana arranca con un escenario de alta tensión en el sistema educativo rionegrino, marcado por el paro de 48 horas convocado para el 16 y 17 de abril y un marco complejo que combina conflicto salarial, advertencias oficiales y dudas dentro del propio sector docente sobre la adhesión a la medida.

La convocatoria fue ratificada por el gremio UNTER, que definió poner en marcha el plan de lucha previsto tras una nueva paritaria sin propuesta salarial concreta. Desde el sindicato señalaron que la decisión responde a la falta de respuestas del Gobierno provincial y a la ausencia de avances en los reclamos planteados en el último Congreso. La conducción sindical sostuvo que, sin una oferta acorde, el conflicto se mantiene abierto.

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Del lado del Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se cuestionó la postura gremial y se planteó que la convocatoria anticipada a medidas de fuerza condiciona el proceso de negociación. Funcionarios del área indicaron que el diálogo continúa y remarcaron que los incrementos otorgados ubicaron los salarios por encima de la inflación acumulada.

La última reunión paritaria, realizada el viernes, volvió a cerrar sin acuerdo. Se ratificó el pago de una suma fija de 125.000 pesos para el 20 de abril y se anticipó el envío de grillas salariales una vez publicado el índice de inflación, con un esquema de actualización a definirse en mayo. Desde UNTER, en cambio, sostuvieron que no hubo avances en materia salarial ni respuestas al conjunto de demandas.

En este contexto, la adhesión al paro aparece como un factor clave. La aplicación de descuentos por días no trabajados y la implementación de mecanismos de control de presentismo generan un escenario en el que parte de la docencia evalúa cómo sumarse a la medida. El impacto económico de una jornada de paro puede ubicarse entre 70 mil y 100 mil pesos, lo que incide en la decisión de muchos trabajadores y trabajadoras.

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Esa situación abre un frente interno para el gremio, que busca sostener el nivel de participación en la medida pero sabe que las condiciones económicas individuales pesan en la definición. En algunos casos, la adhesión parcial —con participación en una sola jornada— aparece como una alternativa que ya se viene observando en conflictos anteriores.

En paralelo, desde UNTER insistieron en que el reclamo incluye no solo la cuestión salarial, sino también condiciones laborales, problemas edilicios en las escuelas y la necesidad de poner en funcionamiento mesas de trabajo por nivel y modalidad. También rechazaron los cuestionamientos oficiales sobre el uso de medidas de fuerza y reafirmaron su legitimidad como herramienta sindical.

Con este panorama, la semana se proyecta como un punto de inflexión tanto para el Gobierno como para el gremio docente. Sin avances concretos en la negociación, el conflicto se traslada al terreno de la calle y a la dinámica de las escuelas, donde se medirá el alcance real de la medida.