La discusión salarial de las y los trabajadores estatales de Río Negro volverá este jueves a la mesa de la Función Pública, donde además se resolverá cómo se abonarán las recategorizaciones pendientes que alcanzan a más de 3.500 agentes del Ejecutivo provincial. El encuentro está previsto para las 10 y tendrá como eje tanto la nueva pauta salarial como el esquema de cancelación de los ascensos automáticos que aún no fueron liquidados.

La reunión llegará, como se informó oportunamente, con una ausencia confirmada. UPCN anunció que no participará del Consejo de la Función Pública al considerar que ese ámbito fue “vaciado de contenido” y que actualmente sólo se limita a formalizar decisiones ya tomadas previamente. En un comunicado, el gremio apuntó contra el gobernador Alberto Weretilneck y contra el dirigente nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, al sostener que ambos definen el rumbo de las negociaciones.

Con esa decisión, la mesa quedará integrada únicamente por representantes del Gobierno provincial y de ATE, sindicato que participaría a través de su conducción provincial encabezada por Rodrigo Vicente. El Consejo es presidido por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

En paralelo, el conflicto salarial también atraviesa al sector docente. Hasta este miércoles no había convocatoria oficial para una nueva paritaria con UNTER, que reclamó públicamente la falta de llamado en medio de las medidas de protesta universitarias previstas para esta semana. Desde el sindicato señalaron que el silencio del Gobierno frente al deterioro salarial y las condiciones laborales “es una definición política”.

Dentro de la negociación estatal, una de las principales definiciones será la nueva pauta salarial para el personal del Ejecutivo. Según las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas, la propuesta oficial sería cuatrimestral, con incrementos distribuidos cada dos meses y calculados sobre un promedio de los índices inflacionarios nacionales y de Viedma, aún cuando semanas atrás fue el propio Gobernador quien. puso en duda la continuidad de este índice para calcular los sueldos.

Otro de los puntos centrales será la cancelación de las recategorizaciones pendientes, concentradas principalmente en el personal de Salud. Se trata de mejoras salariales derivadas de ascensos automáticos previstos por ley, pero que todavía no fueron abonadas.

De acuerdo a los datos difundifos, el universo alcanzado supera las 3.500 personas y el costo total rondaría los 1.600 millones de pesos. El promedio estimado de pago por trabajador o trabajadora sería cercano a los 400 mil pesos, aunque con diferencias marcadas entre casos: algunas liquidaciones serían menores a 50 mil pesos, mientras otras podrían superar los 700 mil pesos.