Las clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa realizaron este miércoles 21 y jueves 22 un corte de las prestaciones programadas para afiliados al PAMI, en reclamo de una actualización de los aranceles que permita cubrir los costos de atención. La medida alcanzó a alrededor de 30 instituciones y contempló la suspensión de cirugías, consultas y prestaciones ambulatorias programadas, mientras se mantienen las emergencias médicas.

El gerente general del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Andrés Sabalette, sostuvo que el problema se arrastra desde hace tiempo y se agrava por la falta de respuestas. Explicó que los valores que paga el organismo previsional quedaron muy por debajo de los costos reales de los servicios médicos. “El principal problema no está tanto puesto en los tiempos de pago, sino en valores que no cubren los costos directos de los servicios”, precisó Sabalette.

Si bien reconoció que el PAMI suele pagar entre 60 y 90 días después de brindada la prestación, remarcó que el eje del reclamo es la insuficiencia de los aranceles frente al incremento sostenido de los costos. El directivo rechazó que la medida busque mejorar las ganancias de las empresas privadas a costa de los jubilados.

Explicó que el sector privado atiende aproximadamente al 60% de la población argentina y necesita recursos suficientes para mantener sus instalaciones, incorporar tecnología, contratar profesionales y garantizar una atención segura. “Nuestro reclamo pasa por tener aranceles, precios que mínimamente cubran nuestros costos y nos permitan a su vez reinvertir y sostener instituciones seguras”, afirmó en diálogo con el periodista Pedro Caram en Fm Raíces.

Prestaciones cada vez más difíciles de garantizar

Durante las dos jornadas se suspendieron las actividades programadas, incluidas cirugías, consultas y prestaciones ambulatorias, y sólo se mantuvieron las emergencias médicas. Sabalette advirtió, sin embargo, que las dificultades económicas ya están limitando el acceso a distintas prácticas, incluso fuera de estas medidas de fuerza.

Entre los problemas mencionó las demoras en la provisión de prótesis, cuyos costos en ocasiones terminan afrontando los propios pacientes y sus familias, y los cupos que el PAMI establece para estudios por imágenes, como tomografías y resonancias, que pueden agotarse durante las primeras semanas del mes. “Hay todo un deterioro del sistema, que es el que estamos alertando”, señaló. También advirtió que las clínicas no siempre pueden realizar determinadas intervenciones porque los materiales necesarios cuestan más de lo que el organismo reconoce por la cirugía y la internación.

La situación repercute, además, sobre el sistema público de salud. Cuando los prestadores privados no pueden resolver determinadas necesidades, los pacientes pueden terminar buscando atención en hospitales que, indicó, ya soportan una importante presión asistencial.

Consultado sobre las consecuencias para la población, Sabalette reconoció que no cuentan con estadísticas precisas para medir el impacto, pero aseguró que las dificultades de acceso a diagnósticos y tratamientos generan consecuencias sanitarias concretas. “Sí, creemos que ya hay un deterioro importante en la calidad de los servicios médicos que en conjunto prestadores privados y públicos estamos brindando”, advirtió.

El referente de las clínicas y sanatorios patagónicos insistió en que la solución depende de las autoridades nacionales y reclamó una recomposición progresiva de los aranceles. Explicó que el objetivo inmediato es detener el deterioro económico de las instituciones y recuperar, paulatinamente, valores que permitan sostener las prestaciones. “Nosotros tenemos la realidad. Tenemos los datos, tenemos la experiencia, tenemos los costos de los servicios que brindamos, tenemos la responsabilidad de gestionar, pero no tenemos en nuestras manos la solución”, concluyó.