Una presentación formal ante el Ministerio Público Fiscal reactivó interrogantes sobre el funcionamiento de una unidad policial de Viedma. El planteo solicita que se evalúe la posible comisión de delitos en el ámbito de la Unidad Especial Gabinete de Criminalística, a partir de denuncias efectuadas por trabajadores y trabajadoras de esa dependencia.

La iniciativa fue impulsada por el legislador provincial Luciano Delgado Sempé, quien elevó una nota al Procurador General de la provincia, Jorge Crespo, en la que requirió que se analice si los hechos denunciados revisten carácter penal y si corresponde la apertura de una investigación judicial. La solicitud se fundamenta en información recibida por el legislador en relación con el desempeño interno de la unidad policial.

De acuerdo a lo expuesto, las denuncias describen un escenario que, de comprobarse, podría tener implicancias tanto en los derechos del personal como en el funcionamiento de una dependencia considerada estratégica dentro del sistema de seguridad provincial. En ese sentido, se advirtió sobre la necesidad de esclarecer los hechos para preservar la legalidad y el correcto desempeño institucional.

Entre las situaciones mencionadas se encuentran presuntas maniobras de encubrimiento y la posible manipulación del Libro de Actas, con omisión de ausencias reales y la aplicación de sanciones de manera selectiva. También se hizo referencia a robos reiterados dentro de la propia unidad, respecto de los cuales no se habrían iniciado actuaciones administrativas ni judiciales.

Asimismo, se plantearon posibles vulneraciones a la privacidad del personal, a partir de la revisión de teléfonos celulares sin orden judicial ni consentimiento, y situaciones vinculadas a hostigamiento, persecución laboral y violencia institucional, con impacto en las condiciones de trabajo y en la dignidad de quienes cumplen funciones en la dependencia.

En la nota presentada, Delgado Sempé remarcó que el personal policial es titular de derechos laborales y constitucionales, y que cualquier práctica que los afecte debe ser investigada por los organismos competentes. En ese marco, solicitó que se evalúe la adopción de medidas que permitan resguardar a las personas involucradas y prevenir eventuales represalias dentro de la fuerza mientras se analizan los hechos denunciados.

El legislador sostuvo que el pedido no implica una acusación directa, sino la necesidad de que el Estado intervenga ante la existencia de denuncias de gravedad institucional. Según se indicó, el objetivo es esclarecer la situación, garantizar la protección de las personas denunciantes y preservar el funcionamiento de una unidad policial clave en la ciudad de Viedma.