El juicio oral y público realizado en Viedma contra un hombre acusado por siete hechos diferentes, entre ellos lesiones leves, amenazas y atentado y resistencia a la autoridad, concluyó este martes con la presentación de los alegatos finales de la Fiscalía y la Defensa Pública. El tribunal anunció que el veredicto será dado a conocer el 27 de noviembre, fecha hasta la cual continuará vigente la prisión preventiva.

Durante la etapa de alegatos, la Fiscalía sostuvo que la evidencia presentada permitió reconstruir un patrón de conductas que, según la acusación, tuvo incidencia en el orden público y en la convivencia social. Indicó que las declaraciones de personas empleadas en organismos municipales, de un fiscal adjunto, de la funcionaria que ejerció la defensa oficial del imputado en una etapa previa y del juez afectado en uno de los episodios permitieron acreditar la materialidad de los hechos investigados.

La acusación señaló que los testimonios no mostraron contradicciones relevantes y que varias personas manifestaron haber sentido temor en las situaciones descriptas, lo que consideró significativo para comprender la dinámica de los episodios. También mencionó la existencia de condenas previas del imputado y afirmó que este antecedente será un elemento a evaluar dentro del análisis de reiteración delictiva.

En su argumentación, la Fiscalía sostuvo que la situación social del acusado no debe influir en la determinación de la responsabilidad penal. Según su planteo, los siete episodios exhibirían un esquema sostenido de violencia que requiere una respuesta judicial acorde, por lo que pidió que el tribunal declare la autoría penal respecto de cada uno de los hechos.

Por su parte, la Defensa Pública cuestionó la valoración de la acusación sobre conductas recientes y las referencias a una supuesta peligrosidad social. Sostuvo que los antecedentes penales solo pueden considerarse al momento de fijar una eventual pena y planteó que, a su entender, no se reunieron los elementos necesarios para acreditar la figura de resistencia a la autoridad, al no haberse probado la existencia de una orden previa emitida por personal competente.

La defensa describió además que el acusado atraviesa una situación de vulnerabilidad, sin acceso a vivienda estable, sin empleo y sin redes de apoyo. Indicó que presenta dificultades educativas y un recorrido atravesado por la exclusión social, y argumentó que las conductas atribuidas podrían vincularse a reacciones impulsivas derivadas de ese contexto. En consecuencia, pidió que no se tengan por acreditados los hechos en los términos planteados por la Fiscalía.

El tribunal informó que la lectura del veredicto se realizará el 27 de noviembre. Hasta entonces, la prisión preventiva del imputado permanecerá vigente.