Nació a principios de los años sesenta, en una ciudad del Alto Valle, como la octava hija de una familia numerosa. Sus padres ya habían elegido un nombre, pero el destino —y una apuesta— cambiaron el rumbo de su historia.

El día de la inscripción en el Registro Civil, solo fue su padre. En la puerta, un primo lo saludó con entusiasmo y lanzó una broma: lo desafió a anotar a la recién nacida con un nombre elegido al azar. El hombre aceptó, riendo, y cumplió la apuesta.

Aquella ocurrencia definió, sin saberlo, una parte central de la vida de su hija. Décadas después, la mujer relató ante la Justicia que desde la infancia cargó con burlas, vergüenza y silencios por un nombre que nunca sintió propio. En la adolescencia dejó la escuela para no escucharlo en público. A los 16 años quiso cambiarlo, pero no pudo hacerlo sin la firma de sus padres.

Con el tiempo, adoptó una inicial para presentarse: “A.”. Vivió evitando mostrar su nombre en documentos. No tramitó pasaporte, no tuvo tarjetas de crédito y evitó lugares donde su nombre pudiera aparecer en una pantalla. El día de su casamiento, escucharlo repetido en voz alta fue —según contó— uno de los momentos más dolorosos de su vida.

En agosto de 2025, decidió pedir ayuda. Presentó una acción judicial en Cipolletti para eliminar los prenombres impuestos por su padre y reemplazarlos por el que había usado siempre. Acompañó su pedido con pruebas: mensajes en redes, certificados de danza y testimonios de familiares y amigas.

Un equipo técnico interdisciplinario evaluó su solicitud y concluyó que el cambio representaba una forma simbólica de reparación. “Asocia los prenombres con humillación y vergüenza; el nuevo nombre refleja la identidad que construyó durante toda su vida”, consignó una profesional en su informe.

El Ministerio Público Fiscal y el Registro Civil respaldaron la petición. No hallaron impedimentos legales y consideraron que existían “justos motivos”, tal como prevé el Código Civil y Comercial para permitir el cambio de nombre en casos de afectación de la personalidad o uso habitual de otro.

Finalmente, la Unidad Procesal del fuero de Familia de Cipolletti ordenó eliminar los prenombres originales y reconocer el nombre que la mujer eligió y usó durante décadas. También dispuso rectificar su partida de nacimiento y notificar a los organismos correspondientes.

La sentencia se dictó en noviembre de 2025, apenas tres meses después de iniciado el trámite. Después de sesenta años de cargar con un nombre surgido de una apuesta, la mujer pudo, por fin, llamarse como siempre quiso.