El Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo la aplicación de medidas cautelares contra un hombre acusado de distribuir material de abuso sexual infantil. Además, el juez de Garantías autorizó la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados durante el allanamiento realizado en su vivienda.

Durante la audiencia, celebrada este viernes, el magistrado dio lugar al pedido de la Fiscalía, con adhesión de la querella, y dispuso medidas de protección por un período de seis meses, correspondiente a la etapa de investigación penal preparatoria.

Entre las resoluciones, se estableció la prohibición de acercamiento del acusado a menos de 100 metros de las denunciantes, así como de sus domicilios y lugares de trabajo. También se ordenó la prohibición total de contacto por cualquier medio —digital, analógico o a través de terceras personas—, dado que el imputado habría utilizado redes sociales para comunicarse con las víctimas.

Las medidas buscan resguardar a un total de 16 mujeres que presentaron denuncias, aunque la investigación permitió identificar cerca de 60 posibles víctimas. Según informó la Fiscalía, la causa se originó en octubre de este año, tras la presentación de denuncias por parte de un grupo de mujeres que detectó un canal de Telegram donde se comercializaban imágenes sexuales, algunas correspondientes a personas menores de edad.

De acuerdo con la acusación, el imputado no solo formaba parte del grupo sino que, además, era quien recibía los pagos por la compraventa de material, a través de una cuenta de Mercado Pago. Las imágenes habrían sido obtenidas mediante maniobras de extorsión y acceso indebido a teléfonos o correos electrónicos.

El juez también autorizó la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados, con la limitación temporal de analizar contenido generado a partir de octubre de 2025, aunque no descartó futuras ampliaciones. En total, se incautaron cinco computadoras, dos teléfonos celulares, un pendrive y varios discos ópticos, los cuales fueron remitidos a peritajes especializados a cargo de la Oficina de Investigación en Tecnología y Evidencia Digital (OITEL).

Durante la audiencia, la representante de la querella señaló que la violencia digital constituye una forma de violencia de género, con efectos psicológicos y sociales profundos en las víctimas, ya que se vincula directamente con la violencia sexual. En ese sentido, enfatizó que este tipo de delitos “cosifican a las mujeres, transformándolas en objetos de placer para otros”, al adherir a los planteos formulados por la Fiscalía.