La
Fiscalía solicitó este lunes que se imponga una pena de 12 años de prisión a un
hombre que ya había sido declarado culpable por el delito de abuso sexual
agravado por acceso carnal, cometido en calidad de encargado de la guarda y en
perjuicio de una niña. El pedido se realizó en la audiencia de cesura tras el
debate oral que concluyó con un veredicto unánime de culpabilidad.
La
imputación incluyó agravantes relacionados con el vínculo de pareja que el
acusado mantenía con la madre de la víctima y la situación de convivencia en la
que ocurrieron los hechos. Según lo expuesto, el hombre se aprovechó de la
ausencia de la madre y de la confianza depositada en él como figura paterna y
proveedor.
Durante
la audiencia, que comenzó con la declaración de la víctima, la Fiscalía expuso
los atenuantes y agravantes considerados. Entre los primeros mencionó la falta
de antecedentes penales, la conducta laboral y el nivel educativo limitado del
imputado. En cuanto a los agravantes, se detalló el vínculo de padrastro con la
víctima, la diferencia de edad, la violencia de género y física, la duración y
regularidad de los abusos, el carácter humillante de las conductas y la
magnitud del daño causado.
El
Ministerio Público Fiscal destacó que las conductas afectaron gravemente la
vida cotidiana y el desarrollo emocional de la víctima. Pericias forenses y
testimonios acreditaron que la niña presenta un cuadro de trastorno de estrés
postraumático, lo que fue respaldado por profesionales que intervinieron en el
proceso judicial.
En su
alegato, la fiscal subrayó que la situación pudo hacerse visible gracias al rol
de la escuela secundaria a la que asistía la adolescente, donde en octubre del
año pasado logró manifestar por primera vez los hechos de violencia.
La
Fiscalía consideró que, en base al análisis de agravantes y atenuantes y al
marco normativo aplicable, la pena de doce años de prisión resulta adecuada y
proporcional a la gravedad de los hechos, solicitando también las accesorias
legales y costas del proceso.
Por su
parte, la Defensa planteó un pedido de pena de ocho años de prisión. Ahora,
será el Tribunal interviniente el que determine la condena definitiva en la
sentencia que dará a conocer en los próximos días.

5 diciembre 2025
Judiciales