Este jueves comenzará el juicio político contra el juez laboral de Viedma, Gustavo Guerra Labayén, suspendido en sus funciones por demoras en el dictado de sentencias. La audiencia, que se desarrollará en el Consejo de la Magistratura, tendrá un solo acto pero podría extenderse al menos dos días debido a la cantidad de testigos convocados.

El abogado defensor Fernando Chironi adelantó que la jornada de mañana estará dedicada a las declaraciones testimoniales, mientras que los alegatos finales se realizarían el viernes. “Hay entre 10 y 15 testigos, por lo que es probable que la primera audiencia ocupe todo el día”, explicó.

Chironi remarcó que uno de los planteos centrales de la defensa se vincula con la integración del Consejo de la Magistratura. “Entendemos que no está garantizada la imparcialidad, ya que varios de los abogados que lo integran forman parte de la Comisión Directiva del Colegio que promovió la denuncia. Eso los coloca en una situación de juez y parte”, señaló. Aunque el planteo fue rechazado en instancias previas, insistió en que persisten dudas sobre la neutralidad del tribunal.

Respecto a las acusaciones, el letrado recordó que el único cargo que se le imputa a Guerra Labayén es el atraso en el dictado de fallos. “No hay denuncias de mala conducta ni de irregularidades éticas. Se cuestiona el retraso en unas 25 causas relevadas en diciembre de 2023, de las cuales en ocho se pidió la pérdida de jurisdicción”, precisó.

Chironi subrayó que esta situación no es exclusiva del magistrado enjuiciado. “El atraso existe en distintos juzgados de la provincia. La litigiosidad aumentó de manera notable y muchas veces el sistema judicial no da abasto, aun con la creación de nuevos juzgados y cámaras”, expresó.

En defensa de su cliente, afirmó que Guerra Labayén es reconocido por su conocimiento en derecho laboral y que sus fallos han puesto límites a reclamos que consideró excesivos. “Es un juez que incomoda cuando fija límites, sobre todo en relación con dictámenes periciales médicos y psiquiátricos. Eso afecta intereses económicos de abogados y peritos, y explica parte de la presión que se vive hoy”, sostuvo.

La defensa también buscará introducir en el debate testimonios de empleados de la Cámara Laboral para demostrar que la demora en sentencias es un fenómeno habitual y no una causal suficiente para una destitución.

Finalmente, Chironi recordó que en Río Negro existen pocos antecedentes de juicios políticos por atrasos. “El caso más cercano es el del juez Broggini en Roca, pero con un número de causas muy superior. Aquí hablamos de un retraso relevante, pero no de una situación excepcional frente al resto de la Justicia”, concluyó.