La historia comenzó hace más de una década, en Victoria, al sur de Chile. Allí nació un niño que, desde los seis meses de vida, fue cuidado por una pareja que había contraído matrimonio en 2012. El vínculo nació de lazos familiares —el niño era hijo de la hermana de uno de ellos— y pronto se transformó en una vida compartida: pañales, jardín, escuela y rutinas que lo hicieron parte de una familia.

En 2018, los tres cruzaron la cordillera y se instalaron en Viedma. En la capital rionegrina el chico terminó la primaria, hoy cursa el secundario y asiste todos los días a clases. Tiene amigos, una rutina estable y un hogar que lo acompaña desde que tiene memoria. Sin embargo, en los papeles su situación era otra: la falta de reconocimiento legal de la sentencia chilena que otorgaba el cuidado personal a la pareja le cerraba puertas en la Argentina, dificultando el acceso a derechos y prestaciones.

La pareja decidió entonces acudir a la Unidad Procesal de Familia de Viedma, presentando la resolución judicial emitida en la localidad chilena de Collipulli, donde un juez había definido que el adolescente quedara bajo su cuidado. En el trámite, se planteó un desafío: en la legislación argentina no existe un régimen específico que regule el cuidado personal por parte de familiares fuera de la responsabilidad parental. Finalmente, se optó por solicitar que la sentencia se reconociera bajo la figura de tutela prevista en el Código Civil y Comercial.

El expediente avanzó con la intervención de equipos técnicos y de la defensora de menores. En mayo, el propio adolescente participó de una audiencia y expresó con claridad su deseo: seguir viviendo en Viedma, donde tiene su vida cotidiana. Contó que mantiene poco contacto con su madre biológica, residente en Chile, y que no existe relación con sus hermanos.

Con los informes y declaraciones reunidas, la Justicia provincial analizó los requisitos previstos para reconocer una sentencia extranjera. Verificó que el fallo cumplía con las condiciones: provenía de un tribunal competente, había respetado el derecho de defensa, no contradecía el orden público local y se encontraba debidamente legalizado.

Finalmente, la Unidad Procesal de Familia de Viedma resolvió dar validez en la Argentina a la sentencia chilena y designó a la pareja como tutora legal del adolescente. El reconocimiento no modificó el contenido de lo resuelto en Chile, sino que le otorgó plena eficacia en el país.

La decisión judicial representa mucho más que un trámite formal: desde ahora, el joven podrá acceder a derechos y beneficios que le estaban vedados por la falta de reconocimiento legal. Y, sobre todo, podrá seguir construyendo su vida en la ciudad que eligió, junto a la familia que lo acompaña desde su primer año de vida.