Los bloques legislativos del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro (PJ-NE) y Vamos con Todos (VcT) elevaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad y Justicia y a la Jefatura de Policía de Río Negro, en el marco del femicidio de Estefanía Civardi ocurrido el 30 de julio en San Carlos de Bariloche. El principal sospechoso es el agente policial Emerson Rubén Marín, quien, según las investigaciones preliminares, tenía antecedentes por violencia de género y por uso indebido de su arma reglamentaria.
La presentación busca determinar qué medidas adoptaron las autoridades ante las denuncias previas contra Marín, si existían actuaciones judiciales o administrativas abiertas, por qué se lo trasladó a Bariloche, y qué mecanismos de prevención se activaron —o no— pese al riesgo evidente que representaba. “El Estado tiene una responsabilidad enorme en la prevención de la violencia de género, y más aún cuando involucra a sus propios agentes armados. Es inadmisible que no se hayan aplicado protocolos para evitar esta tragedia”, expresó la legisladora Ana Marks.
El pedido fue firmado además por los legisladores Daniel Belloso, Luis Ivancich y Leandro García (PJ-NE), junto a Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao, Ayelén Spósito, José Luis Berros y Luciano Delgado Sempé (VcT). El documento apunta a esclarecer no solo la actuación institucional en este caso puntual, sino también la implementación de mecanismos preventivos dentro de la fuerza policial ante situaciones de violencia de género.
“Si un agente ya tenía antecedentes y aun así seguía en funciones, con un arma, sin supervisión ni medidas de resguardo, alguien debe asumir la responsabilidad institucional. Esto no puede quedar impune ni en la inacción”, sostuvo Marks. Agregó además que la ciudadanía merece conocer por qué, pese a las alertas previas, no se protegió a Estefanía Civardi.
Desde ambos bloques remarcaron que el objetivo no se limita al esclarecimiento del femicidio, sino que busca sentar un precedente en términos de responsabilidad estatal ante hechos de violencia institucional y de género. También exigieron que se revisen los protocolos vigentes y se implementen mecanismos eficaces de prevención.
El caso reavivó el debate sobre los criterios de admisión y permanencia de efectivos en las fuerzas de seguridad, especialmente cuando existen denuncias previas por violencia. En ese sentido, los legisladores insistieron en que es urgente revisar la política de recursos humanos en el ámbito policial, con una mirada integral que priorice la protección de los derechos humanos y la vida de las mujeres.
5 diciembre 2025
Judiciales