La mañana de este lunes 28, un operativo judicial se desarrolló en el edificio municipal de Allen, en el marco de una denuncia que involucra al intendente Marcelo Román (La Libertad Avanza) y al empresario local Sebastián Ocampo. Ambos están siendo investigados por presuntas irregularidades en la gestión municipal: Román por el delito de peculado y Ocampo por usurpación de cargo público.

El procedimiento judicial se produce tras una denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas de la ciudad, quien informó sobre una serie de prácticas irregulares que habrían tenido lugar en la municipalidad. En particular, se menciona la entrega de un teléfono móvil del municipio a Ocampo, lo que desató la investigación por peculado, un delito que tiene que ver con la apropiación indebida de recursos públicos. Además, se le acusa a Ocampo de haber ejercido funciones propias del intendente, sin contar con la facultad legal para hacerlo, lo que derivó en la causa por usurpación de cargo público.

El allanamiento en el municipio no fue la única acción judicial en este caso. Hace tan solo diez días, las propiedades del empresario Ocampo también fueron objeto de un procedimiento, que incluyó su radio, conocida por ser un espacio donde se defendían las decisiones del intendente y se atacaba a sus opositores. La radio también figura en la denuncia por la presunta triangulación de facturas a través de un empleado de los medios de Ocampo, quien habría participado en la ejecución de pagos irregulares.

De acuerdo con fuentes cercanas a la defensa del intendente, la Fiscalía había solicitado la entrega voluntaria de los documentos relacionados con el caso, por lo que el allanamiento no fue necesario. Sin embargo, la documentación requerida fue entregada sin mayores inconvenientes.

Por otro lado, los miembros del Tribunal de Cuentas que formalizaron la denuncia, señalaron que cuentan con testimonios y pruebas que certifican el ejercicio irregular de funciones por parte de Ocampo. Entre las pruebas que se mencionan, se encuentran documentos que evidencian la utilización de un teléfono pago por el municipio a nombre del empresario y su participación activa en decisiones administrativas, como compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias.

El operativo judicial en la municipalidad generó una fuerte presencia policial, que se pudo ver en el acceso al edificio, mientras que en las redes sociales se difundieron imágenes de la oficina del intendente cerrada y personal judicial trabajando en el lugar. Según fuentes de la investigación, la actividad se centró en la Secretaría de Hacienda, que es donde se gestionan los fondos del municipio.

Por su parte, Román atraviesa un complejo panorama político, marcado por la salida de varios funcionarios de su gabinete, quienes alegaron haber renunciado debido a irregularidades en la gestión. Sin embargo, no presentaron denuncias formales ante la Justicia. Mientras tanto, concejales de la oposición, como Gustavo Addamo, denunciaron lo que calificaron como un "acoso y hostigamiento" por parte del Ejecutivo hacia aquellos que se han mostrado en desacuerdo con la gestión del intendente. "Nos tildaron de poner palos en la rueda, pero siempre tuvimos las puertas abiertas para llegar a acuerdos", expresó el edil.

El caso sigue siendo seguido de cerca por la comunidad de Allen, con la fiscalía solicitando diez días de reserva pública sobre las actuaciones para preservar la integridad de la información obtenida.

Fuente: Diario Río Negro