El legislador Pablo Barreno emitió un crítico comunicado luego de la decisión de la Comisión Sala Acusadora de la Legislatura de Río Negro de rechazar, con los votos de los legisladores de Juntos Somos Río Negro, el pedido de juicio político a la jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Liliana Piccinini, que surgió de una denuncia por persecución del sindicato judicial.

Barreno calificó de “insólito” como los legisladores oficialistas “trastocaron la naturaleza institucional de la reunión, y la convirtieron en un juicio sumario: ocuparon la mayoría del tiempo en alinearse con la denuncia de Piccinini en contra de mi persona y dejaron claro que, para ellos, soy culpable”.

Dijo no creer que “existan muchos casos en los que el Estado de Derecho haya sido vulnerado de esta forma, con el poder político de la provincia confluyendo con los intereses de la jerarquía judicial para avasallar derechos que son potestad de los trabajadores”.

No obstante aseguró que lo determinado en la Legislatura “no reviste novedad: en la previa de la audiencia de formulación de cargos por la absurda denuncia de Piccinini contra mi persona, la gobernadora Carreras avaló públicamente la decisión de la fiscal, lo que constituyó una clara intromisión del Poder Ejecutivo sobre la Justicia, afectando así la división de poderes”.

Consideró que “JSRN, el partido que gobierna hace casi una década prácticamente sin controles del resto de los poderes del Estado, avaló la persecución desatada por la presidenta del poder más reaccionario y plagado de reminiscencias monárquicas”.

Manifestó que el apoyo institucional “consagra la impunidad y pone en peligro un pliego de derechos colectivos de los trabajadores y sus organizaciones: si Piccinini puede utilizar el aparato judicial para disciplinar, aún sin contar con sustento jurídico, y es acompañada por el poder político la situación se torna demasiado espesa”.

Se preguntó si “esta devolución de favores no está relacionada con permitirle a Piccinini limpiarse para poder avanzar hacia la jugosa jubilación que tienen a disposición los jueces de nuestra provincia: cobrar el 122% de su salario”.

Finalmente, advirtió “sobre la peligrosidad institucional de este tipo de avasallamiento. La articulación de la jerarquía judicial y el poder político para perseguir y disciplinar a dirigentes opositores configura una asociación ilícita que reduce el Estado de Derecho a una mera figura retórica”.

Y calificó como “realmente llamativo que ocurra esto en nuestra provincia justo cuando el contexto nacional e internacional (con la absolución de Lula en Brasil) dan cuenta, como signo del tiempo que se viene, que los pueblos y los dirigentes atacados no están dispuestos a arrodillarse frente al poder real”.