La renuncia de Manuel Adorni no modificó la postura de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclamó que la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito avance sobre el resto del gabinete nacional y sostuvo que el alejamiento del exjefe de Gabinete no alcanza para deslindar responsabilidades dentro del Gobierno.

El planteo fue realizado por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien calificó como "triste y vergonzoso" el final político del exfuncionario y aseguró que su salida "no lava la cara de un Gobierno que en tan solo dos años y con las graves irregularidades conocidas demostró ser el más corrupto de la historia". El dirigente también afirmó que Adorni renunció "acorralado y huyendo como rata".

Aguiar cuestionó además los reiterados anuncios de congelamiento salarial para los funcionarios y sostuvo que "empezando por el presidente y hasta el último secretario de Estado, no tienen autoridad moral para seguir gestionando". En ese sentido, aseguró que las políticas de austeridad impulsadas por el Ejecutivo "siempre fueron una mentira".

El titular de ATE también apuntó contra otros integrantes de la administración nacional al señalar que "los Spagnuolo, los Espert y los Adorni demuestran cuál era el plan con el que vinieron". Según expresó, "llegaron al poder para robar y rápidamente se convirtieron en esa casta que dijeron que iban a terminar".

En el mismo pronunciamiento, el dirigente gremial reclamó que la Justicia profundice la investigación y extienda las actuaciones al resto de los funcionarios nacionales. "La Justicia tiene que seguir con la investigación a fondo y además indagar al resto de los integrantes del gabinete. Están todos sucios", manifestó.

Para ATE, la causa podría derivar en las próximas horas en el procesamiento de Manuel Adorni. El gremio señaló que, según la declaración jurada oficial del exfuncionario, su patrimonio creció un 42,5% durante 2025, aunque sostuvo que la compra y remodelación de inmuebles en barrios privados y la adquisición de bienes de alto valor harían presumir un patrimonio superior al declarado, una situación que forma parte de la investigación judicial en curso.