La incorporación de un sistema de reconocimiento facial para controlar la asistencia del personal en hospitales públicos de Río Negro generó el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestionó tanto el destino de los recursos destinados a la iniciativa como el tratamiento de los datos biométricos de las y los trabajadores.

La postura fue expresada por referentes del sindicato luego de conocerse la implementación de la herramienta tecnológica, que según información difundida por ATE implica una inversión de 1.500 millones de pesos a través de ALTEC S.E. para la adquisición de equipamiento provisto por la empresa Airata S.A.. Desde la organización consideraron que esos fondos podrían orientarse a otras necesidades del sistema sanitario provincial.

La secretaria general de ATE Allen y referente provincial de Salud, Carolina Suárez, sostuvo que resulta contradictorio avanzar con mecanismos tecnológicos de control laboral mientras persisten demandas vinculadas al funcionamiento de hospitales y centros de salud. En ese sentido, planteó que los recursos podrían destinarse a la incorporación de personal, compra de equipamiento médico, mejoras de infraestructura y refuerzo de insumos.

Otro de los cuestionamientos del sindicato está vinculado al uso y almacenamiento de datos biométricos, considerados información sensible. Desde ATE manifestaron preocupación por las condiciones de resguardo de esos datos y por las eventuales consecuencias que podría tener una filtración o utilización indebida de la información personal del personal hospitalario.

Suárez también reclamó al ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, que suspenda la ejecución del sistema hasta tanto se brinden mayores precisiones sobre los procedimientos previstos para su implementación. Además, exigió que se contemplen mecanismos alternativos para el control de asistencia y que se garantice el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.

Entre los argumentos expuestos por el gremio se encuentra la resolución 4/2019 de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AIP), organismo encargado de la aplicación de la Ley 25.326. Según señalaron, la normativa advierte sobre las particularidades del tratamiento de datos biométricos en relaciones laborales y establece criterios vinculados a la protección de información sensible y a la necesidad de alternativas para quienes no deseen utilizar este tipo de sistemas.

Por su parte, el secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, vinculó la medida con la situación general del sistema sanitario provincial y sostuvo que las principales dificultades del sector están relacionadas con cuestiones presupuestarias y de funcionamiento. El dirigente consideró que los problemas que atraviesan hospitales y centros de atención primaria requieren respuestas orientadas al fortalecimiento de los servicios de salud.

De acuerdo con la información publicada en el portal de Compras de Río Negro, los equipos están destinados a los 36 hospitales públicos y a los 190 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en la provincia. La documentación también contempla la posibilidad de que el sistema pueda extenderse a otros organismos de la administración pública provincial.