La jornada de paro nacional docente de este lunes estuvo acompañada por un previsible foco de conflicto en Río Negro. La UNTER denunció que inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Nación realizaron recorridas por escuelas de la provincia para recabar información sobre el nivel de adhesión a la medida de fuerza, en el marco de los controles impulsados por el Gobierno nacional tras la sanción de la Ley 27.802, que incorporó cambios al régimen de conflictos laborales y dio origen al debate sobre la esencialidad educativa.

Desde el gremio interpretaron el operativo como una acción destinada a desalentar el ejercicio del derecho de huelga y difundieron un comunicado en el que rechazaron "estas prácticas persecutorias". Además, recomendaron a las y los docentes no completar las actas presentadas durante las inspecciones ni brindar información sobre la participación en el paro.

Voceros de la organización sindical indicaron que cuentan con copias de las planillas utilizadas durante los controles. "Tenemos las actas que han llevado a las escuelas para completar con información. Están los inspectores de la Secretaría de Trabajo de Nación en las escuelas", afirmaron desde UNTER.

En paralelo, el Consejo Directivo Provincial envió una circular a todas las seccionales para fijar posición frente al comunicado del Ministerio de Capital Humano que invocó la Ley 27.802 para sostener la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo durante el paro. Allí, el sindicato afirmó que esa norma no resulta aplicable al sistema educativo provincial, ya que las y los docentes rionegrinos se encuentran alcanzados por el Estatuto del Personal Docente (Ley L Nº 391) y no por la Ley de Contrato de Trabajo.

La conducción gremial también recordó que en Río Negro no existe una ley que declare esencial al servicio educativo. En ese sentido, señaló que el único proyecto presentado en la Legislatura provincial, impulsado por el bloque PRO-Unión Republicana, sólo fue aprobado en primera vuelta, pero nunca completó el trámite parlamentario al no ser tratado en segunda vuelta, por lo que no llegó a convertirse en ley.

Otro de los argumentos expuestos por UNTER es que el artículo de la Ley 27.802 que establece el régimen de servicios esenciales y la cobertura mínima del 75% se encuentra suspendido por una medida cautelar dictada por la Justicia Nacional del Trabajo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada por la CGT.

En la nota enviada a las seccionales, el sindicato instruyó además a no suscribir ni convalidar actas, notificaciones o instructivos que invoquen la legislación nacional para exigir una cobertura mínima en establecimientos de gestión provincial. También pidió relevar y documentar cualquier intento de aplicar sanciones o descuentos salariales vinculados con la medida de fuerza.

Pese al comunicado del Gobierno nacional y al aviso de descuentos formulado por el Gobierno de Río Negro para quienes adhirieran al paro, desde UNTER aseguraron que la medida de fuerza se desarrolló con normalidad y destacaron que el acatamiento fue alto en distintos puntos de la provincia.

El sindicato sostuvo que las inspecciones forman parte de una política de "aprietes y persecución a la docencia" y volvió a reivindicar el derecho constitucional de huelga, al considerar que no existe sustento legal para exigir una cobertura mínima del servicio educativo en el ámbito provincial mientras no haya una norma específica que así lo establezca.