El traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 generó un fuerte cruce entre dirigentes rionegrinos que coinciden en la necesidad de que los corredores pasen a la órbita provincial, pero discrepan sobre cómo debe concretarse la transferencia y quién debe asumir las obligaciones pendientes. El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, salió con dureza al cruce del senador Enzo Fullone y el diputado nacional Aníbal Tortoriello por sus cuestionamientos a la posición de la Provincia.

“Los caraduras e irresponsables que no taparon un solo pozo en la ruta ahora quieren poner condiciones”, lanzó López, en referencia a los dos representantes de La Libertad Avanza, y apuntó especialmente contra sus antecedentes y el papel que desempeñaron frente al deterioro de las rutas nacionales.

El origen de la discusión está en una negociación que lleva varios meses entre Río Negro y el Gobierno nacional para concretar el traspaso de los dos corredores. La Provincia sostiene que está dispuesta a hacerse cargo de las rutas, pero reclama condiciones vinculadas con el plazo de transferencia, los contratos nacionales que permanecen abiertos y las herramientas para controlar el tránsito pesado.

Tortoriello respaldó el traspaso y consideró que constituye una oportunidad para que Río Negro pueda ocuparse del mejoramiento, reparación y mantenimiento de las rutas. El diputado también afirmó que mantuvo contactos con funcionarios nacionales para plantear la situación de los corredores.

Fullone también se manifestó a favor de la transferencia, pero cuestionó la forma en que la Provincia lleva adelante la negociación. El senador sostuvo que Río Negro es quien está obstaculizando el acuerdo al exigir condiciones que no fueron planteadas en otros traspasos.

Entre los puntos que Fullone marcó como diferencias aparece el pedido de que la transferencia tenga una duración de 30 años, cuando otros traspasos se realizaron por 20. También cuestionó la pretensión provincial de asumir los controles de peso sobre las rutas y sostuvo que esa tarea corresponde por ley al Gobierno nacional.

López respondió que el control de cargas no constituye un pedido recaudatorio, sino una herramienta para proteger la inversión que deberá realizar Río Negro. “Si Río Negro va a invertir millones para reconstruir las rutas que Nación dejó destruir, tenemos que contar con las herramientas para evitar que vuelvan a romperse”, afirmó.

El legislador también puso el foco en el estado de las rutas 22 y 151 y recordó que los rionegrinos conviven con accidentes, vehículos dañados y los riesgos derivados del deterioro de los corredores.

En ese punto, dirigió una de sus principales críticas hacia Fullone, quien estuvo al frente del Distrito Río Negro de Vialidad Nacional. “Resulta insólito escucharlo hablar de las rutas rionegrinas. Estuvo a cargo de Vialidad Nacional y ni siquiera desde ese lugar pudo garantizar el mantenimiento de las rutas nacionales de su propia provincia”, sostuvo López.

También cuestionó a Tortoriello por su desempeño como representante de Río Negro en el Congreso. “Cuando tiene que elegir entre Río Negro y el Gobierno Nacional, elige al Gobierno Nacional”, afirmó el titular del bloque oficialista, quien reclamó al diputado que utilice su banca para gestionar recursos destinados a la infraestructura vial provincial.

Tortoriello, al ser consultado por la subejecución de fondos destinados al sistema vial, sostuvo que parte de esos recursos fueron destinados por el Gobierno nacional a sostener el superávit fiscal y planteó que se trata de una cuestión de prioridades. También afirmó que no desconoce la situación de las rutas y que realizó gestiones ante funcionarios nacionales.

López llevó la discusión hacia los recursos que se recaudan a través de los impuestos incluidos en los combustibles y cuestionó que esos fondos no se traduzcan en obras suficientes para recuperar las rutas nacionales.

“¿Dónde estaban Tortoriello y Fullone mientras esto ocurría? ¿Por qué no reclamaron que esos recursos volvieran a Río Negro en obras y rutas seguras?”, planteó.

Otro de los puntos de diferencia está relacionado con los contratos nacionales pendientes sobre distintos tramos de las rutas. La Provincia pretende que los sectores que todavía tienen obligaciones contractuales sean liberados antes de asumir su administración, mientras que aquellos que ya estén disponibles puedan ser transferidos para comenzar con las tareas.

Sobre este aspecto también intervino el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, quien cuestionó a Fullone y Tortoriello por sus posiciones. Sostuvo que ambos tuvieron responsabilidades y oportunidades para reclamar por el deterioro de las rutas y que ahora cuestionan las condiciones que plantea Río Negro para hacerse cargo.

Banacloy defendió la posición provincial y sostuvo que recibir rutas destruidas, contratos abiertos y obligaciones pendientes no constituye una transferencia en condiciones adecuadas. También respaldó los controles de carga como una herramienta para preservar las obras que deberá financiar la Provincia.

El ministro planteó además que los recursos nacionales destinados a infraestructura vial fueron recaudados y reclamó que la discusión se centre en cuánto de ese dinero regresó efectivamente a Río Negro en forma de obras, mantenimiento y rutas seguras.