De a poco el año va transcurriendo, la gestión lo transita sin sorpresas. La creatividad está en falta. En esta época se reedita un clásico decreto destinado a lograr la contención del gasto. En febrero de 2014,  dio de baja a todos sus funcionarios para luego volver a designar a la mitad del plantel. El efecto le dio visibilidad nacional. De forma intermitente fue realizando nuevas incorporaciones, cuatro años después supera ampliamente aquella cantidad.

A fines de enero de 2017 firmó el decreto 58 “tendiente a reducir el gasto en la Administración Pública, con el objetivo de seguir priorizando la prestación de servicios esenciales”. Aquella rubrica rezaba por ejemplo que se congelaban la planta de recursos humanos, y los salarios de las autoridades superiores, nada de eso ocurrió. El ministro de Economía, Isaías Kremer, se fue jaqueado por sus colegas que saltearon las restricciones con el aval de Weretilneck. 

Este año el mandatario alentó a Agustín Domingo para que desde Hacienda impulse un nuevo decreto para restringir los gastos. Apuntaron a la principal erogación del Estado Provincial: Los Recursos Humanos. Cada ministerio deberá presentar sus organigramas el 28 de febrero. Antes del 16 de marzo tienen que develar la nómina de agentes que percibe adicionales por función y el 31 del mismo mes el listado de la totalidad del personal indicando el área de dependencia.

También plantea que “todo organismo que a la fecha no cuente con un sistema electrónica de control de asistencia deberá implementarlo antes del 31 de marzo”.  Algo imposible de llevar a la práctica. Hay agentes del Estado Provincial diseminados hasta en el más lejano paraje rural. Demanda que todas las carteras presenten ante la Función Pública, para su aprobación, el Programa Anual de Altas y Bajas de Recursos Humanos. Tragicómico proyectar la cantidad de agentes que renunciarán o fallecerán en ese periodo.

Pretende que se intime al personal que se encuentre en condiciones de jubilarse para que inicie el trámite para su retiro de acuerdo a la legislación vigente. Traslada la responsabilidad para que se efectivice a los titulares de las áreas de recursos humanos de cada organismo.

El decreto suspende a partir del 1 de marzo el otorgamiento de horas cátedras a todo el personal de la administración central y organismos descentralizados. El área de RRHH deberá analizar si corresponde un adicional en cada caso. Quedando exceptuados aquellos docentes que realicen tareas frente a los alumnos. Esto complicará fundamentalmente a Mónica Silva. El grueso de los trabajadores que perciben una retribución bajo la mencionada modalidad pertenece a la cartera educativa. Todas estas voluntariosas medidas pueden llevarse a cabo con éxito en una gestión naciente, no en esta que transita su último tramo. Hay ministros que recibieron similares indicaciones por parte de Alejandro Palmieri e Isaías Kremer. Entienden mejor que nadie el juego del como sí.

La implementación del Plan Castello trajo otro dolor de cabeza para el Gobernador. En la apertura de sobres de la millonaria licitación del Plan Director de Cloacas de Las Grutas. La misma se desarrolló una semana después de lo que indicaba el llamado por pedido de una de las dos firmas que finalmente se presentaron. Un gesto no habitual en compulsas se este tipo.

Las dos ofertas quedaron demasiado lejos de los 230 millones de pesos que indicaba el presupuesto oficial. La firma Eco Sur de Bahía Blanca presentó 190 millones de pesos y la UTE entre Zoppi y Cementos del Sur de Claudio Urcera, empresario de buen vínculo con el Gobernador, ofertó 300 millones de pesos. La primera un 18% por debajo, la segunda un 30 % por sobre la pautado por el Estado. Fue notable la cara de fastidio del mandatario provincial. Habrá tirón de oreja para Carlos Valeri y el Titular del DPA Fernando Curetti. Aún no está claro el rol para estos casos de la comisión de seguimiento del Plan integrado por miembros del Ejecutivo y representantes de todas las bancadas legislativas.

También asoma una controversia con los municipios en torno al 10% del Castello destinado a ellos.  El decreto reglamentario de la Ley 5.201 indica que las comunas deben presentar ante el Ministerio de Economía el documento expedido por la Contaduría Provincial que certifique la no existencia de cargos pendientes. Esto incluye los Fondos Petroleros enmarcados en la Ley 4818 y las rendiciones del Fondo Federal Solidario. No será tan fácil para los jefes comunales hacerse con los 7,5 millones de pesos que les corresponde de modo no reintegrable.

Más del 50 por ciento de las 39 comunas debe rendiciones. Lo adeudado a Gobierno, Desarrollo Social y Turismo supera los 85 millones de pesos. Este número no incluye el extinto “Plan Sojero”. Los jefes comunales por intermedio de sus legisladores comenzaron a presentar sus quejas, intuyen que “es una  estrategia del Gobernador para hacerlos ir al pie”. Se demorará la llegada de dinero fresco a los pueblos. Luego de las correspondientes sobreactuaciones se resolverá con política.    

 Habrá otra puesta en escena en la reunión que impulsaron los jefes comunales de JSRN para el próximo viernes. A esta altura su realización carece de sentido. Los intendentes entendieron que Weretilneck copto el encuentro, no caerán en la trampa de expresar lo que piensan. A su inicial autoconvocatoria, a la que anexaban concejales y comisionados de fomento, se sumó el sequito de legisladores y funcionarios del Ejecutivo provincial. Quedó desvirtuada aquella necesidad de “hablar de temas propios”. Los popes locales evitaran la confrontación y el consecuente castigo.