En el encuentro, llevado a cabo en San Carlos de Bariloche este lunes y martes, Musa expresó la necesidad de ajustar los procesos administrativos y judiciales a los derechos y garantías que le son reconocidos a los niños. Asimismo manifestó que "la capacitación de todos los operadores del sistema resulta un eje central en resguardo de los derechos de los niños y adolescentes" .

Agregó que por su función en el área de capacitación de la prestigiosa Fundación Sur recorre el pais y en ese marco señaló que "encuentros como este son poco usuales entre Justicia y el Ministerio de Desarrollo Social y justamente son la clave para empezar a transitar un camino de reconocimiento de los derechos de los niños sujetos a medidas de albergue fuera de sus hogares y para alcanzar el fin que tuvo el legislador al sancionar la ley de protección integral".

Asimismo expresó que "hasta ahora lamentablemente ha sido gratis en Latinoamérica el desconocimiento de las normas jurídicas que protegen a los niños, niñas y adolescentes y ello ha derivado en la falta de respeto a los derechos reconocidos especialmente en relación a aquellos niños que conforman el sectores mas pobres y vulnerables".

Respecto a las medidas de protección de niños remarcó la necesidad de que “se generen protocolos interinstitucionales entre los ministerios de desarrollo social, de educación y de salud con participación de las autoridades municipales, que contemplen la tipología de casos a abordar de manera de dar una respuesta seria, rápida y efectiva.”

También señaló “la necesidad de la participación de la comunidad y sus ONGs en los protocolos de abordaje y las medidas de protección.” Agregó que “el presupuesto y la gestión en la administración de los recursos deben tenerse en cuenta como herramienta necesaria e imprescindible para garantizar un abordaje técnico adecuado a la Convención de los Derechos del Niño. En ese sentido el presupuesto debe contemplar programas de políticas públicas que contemplen medidas de protección que permitan la rápida satisfacción de los derechos de los niños y eviten la judicialización de los casos.”

Finalmente remarcó que “los procedimientos administrativos que provean de insumos de bienes y servicios para la niñez, como los que determinen medidas de protección y los procesos judiciales deben ser atendidos prioritariamente con celeridad excepcional.”