Un fallo judicial desestimó la acción de amparo presentada por el gremio docente contra los cambios en la organización de cargos del Nivel Inicial en Río Negro. La resolución concluyó que no se acreditó una vulneración manifiesta de derechos ni una situación de urgencia que justificara la intervención judicial por esta vía.

La medida había sido impulsada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), que presentó el recurso contra el Ministerio de Educación provincial para solicitar el cese de decisiones administrativas que implicaban la supresión y reorganización de cargos docentes en ese nivel educativo.

En su planteo, el sindicato cuestionó resoluciones dictadas por el Consejo Provincial de Educación que reorganizan cargos docentes en función de criterios vinculados a la matrícula escolar. Además, pidió que se restituyeran los cargos existentes antes de la implementación de esas disposiciones.

La sentencia fue dictada por el juez laboral de General Roca Juan Huenumilla, quien evaluó los argumentos presentados por ambas partes durante el proceso. Según el fallo, la información aportada por el Ministerio de Educación indicó que el procedimiento aplicado respetó la normativa vigente en el sistema educativo provincial.

En ese sentido, el magistrado señaló que las y los docentes titulares alcanzados por la reorganización continúan percibiendo su salario y mantienen el derecho a recibir una nueva asignación dentro del sistema. En relación con quienes se desempeñaban como interinos o suplentes, la resolución recordó que ese tipo de designaciones tiene una estabilidad limitada por su propia naturaleza administrativa.

El juez también analizó la posible afectación del derecho a la educación. Sobre este punto, la sentencia sostuvo que no se comprobó el cierre de salas obligatorias ni la existencia de reclamos generalizados por parte de familias. Además, se indicó que la educación obligatoria en el nivel inicial comprende las salas de cuatro y cinco años, que continúan garantizadas según la información oficial presentada en el expediente.

Durante el proceso judicial, Unter sostuvo que las medidas generaban desplazamientos funcionales, modificaciones en las condiciones laborales y riesgos para la estabilidad de docentes titulares. También planteó que las decisiones administrativas podían afectar el funcionamiento institucional de los establecimientos, la continuidad pedagógica y el servicio educativo destinado a niñas y niños.

Por su parte, el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y la Fiscalía de Estado, argumentó que no existía un daño concreto ni una afectación actual de derechos que justificara la acción de amparo. Según indicaron, las decisiones forman parte de políticas públicas educativas adoptadas dentro de las atribuciones del Consejo Provincial de Educación.

La Provincia también señaló que la reorganización se basó en un análisis territorial de la matrícula escolar que detectó una disminución de estudiantes en distintas zonas. En ese marco, sostuvo que no se produjeron despidos ni pérdida de estabilidad para docentes titulares y que la oferta educativa obligatoria del nivel inicial continúa garantizada.

El magistrado también analizó la legitimación del sindicato para promover el amparo. En ese punto reconoció que la organización gremial puede actuar en representación de sus afiliados y de la comunidad educativa cuando se denuncian posibles afectaciones a derechos colectivos vinculados con el sistema educativo.

Sin embargo, recordó que la acción de amparo tiene carácter excepcional y solo procede cuando existe una ilegalidad manifiesta, un daño grave y urgente o cuando no hay otras vías judiciales adecuadas para resolver el conflicto.

Al evaluar el caso, el fallo indicó además que la normativa cuestionada surgió de un proceso institucional en el que participaron distintos sectores del sistema educativo, incluido el propio sindicato. Ese proceso derivó en un documento que establece la reorganización del nivel inicial con vigencia a partir del ciclo lectivo 2026.

En su resolución, Huenumilla concluyó que no se verificó una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en las decisiones adoptadas por el Consejo Provincial de Educación. Tampoco se comprobó la existencia de un daño grave e irreparable ni una urgencia que habilitara el uso de la vía excepcional del amparo para revisar la política educativa cuestionada.